Este lunes se inició el juicio contra dos ex funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) por la muerte de Solange Musse, quien falleció debido a un cáncer en estadio 4 y no pudo despedirse de su padre durante los meses más críticos de la pandemia por COVID-19.
Pablo Musse, padre de Solange, había viajado desde Neuquén hacia Córdoba para encontrarse con su hija, pero un control sanitario en Huinca Renancó lo obligó a regresar, custodiado por la policía. Días después, su hija falleció a los 35 años. “Acá deberían estar desde Alberto Fernández hacia abajo todos, en el banquillo de Tribunales dando explicaciones”, expresó Musse antes de que comenzara el proceso en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto.
Las acusaciones y la búsqueda de justicia
Los imputados son el ex director del hospital local, Eduardo Andrada, y la asistente social, Analía Morales. Sin embargo, no se han citado a otros funcionarios que estaban en ejercicio durante 2020. Musse también mencionó a figuras como el ex gobernador Juan Schiaretti y el ministro Cardozo, entre otros, en diálogo con el medio televisivo La Voz.
El padre de Solange denunció que el director de dos hospitales no revisó la historia clínica de su hija y que se actuó incorrectamente al negarle el acceso a Córdoba. “No los voy a perdonar ni a ellos ni a los responsables que supuestamente tomaron decisiones de arriba”, aseguró a la prensa.
El impacto emocional y la memoria de Solange
La audiencia, presidida por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, incluyó la declaración de testigos. La tía de Solange pidió que se haga justicia: “Que no nos pase lo mismo que nos pasó a nosotros”. Por su parte, la madre de Solange manifestó que el juicio reactiva el dolor: “Es como volver atrás de nuevo, heridas que siguen sangrando”.
El proceso busca esclarecer las responsabilidades de Andrada y Morales por no permitir que Musse ingresara a Córdoba para despedirse de su hija, quien murió sola en agosto de 2020, durante los meses más duros del aislamiento por la pandemia.
En una carta que dejó, Solange expresó su impotencia por los derechos que le fueron arrebatados: “¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”. Su padre también dirigió duras palabras al gobierno: “Usted y el Gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de su vida”.
La denuncia de la familia Musse originó una investigación penal que resultó en la imputación de cuatro funcionarios, pero solo Andrada y Morales llegaron a juicio. Los cargos son por desoír directrices legales, lo que refleja la rigidez del sistema en un momento crítico para la salud pública.
