El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha logrado un importante respaldo judicial en su lucha contra Airbnb. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una resolución que permite la retirada de más de 30,000 anuncios de la plataforma de alquiler vacacional por no cumplir con la normativa sobre la inclusión del número de licencia.
Los esfuerzos de Airbnb por conseguir medidas cautelares que le permitieran continuar publicando propiedades sin el número de licencia requerido no han prosperado en los tribunales. Este fallo se suma a otros anteriores que ya habían denegado recursos de la empresa, mostrando una tendencia clara en la decisión judicial a favor del cumplimiento de la ley.
La reciente decisión judicial se refiere a 34,728 anuncios específicos, sumándose a un total de aproximadamente 65,000 anuncios que han sido objeto de exigencias por parte del ministerio en varias resoluciones. La primera de estas resoluciones se emitió en mayo y afectó a 5,800 anuncios, mientras que una tercera resolución, que no fue apelada por Airbnb, incluye más de 24,000 anuncios.
La intervención del Gobierno en este asunto responde a la necesidad de abordar la crisis de vivienda que afecta a diversas regiones de España. La identificación clara de los arrendadores, ya sea como particulares o empresas, es crucial para la protección de los consumidores que buscan alquilar propiedades.
Las razones por las cuales se puede exigir la retirada de un anuncio en plataformas como Airbnb incluyen la ausencia del número de licencia, el uso de licencias incorrectas o no emitidas por el Gobierno, y la falta de claridad sobre si el arrendador es un profesional o un particular. Estas medidas buscan regular el mercado de alquiler vacacional y ofrecer mayores garantías a los usuarios.
En resumen, la Justicia ha reafirmado la postura del Ministerio de Consumo al exigir a Airbnb el cumplimiento de las normativas existentes, lo que representa un paso significativo en la regulación de este sector en España.
