En México, la reciente propuesta legislativa relativa a la Ley de Amparo ha suscitado un debate intenso debido a la inclusión de un artículo transitorio que permitiría la aplicación retroactiva de ciertas normas legales. Esta situación se presentó en la Cámara de Senadores la semana pasada, generando preocupaciones sobre su constitucionalidad.
La retroactividad planteada contraviene lo estipulado en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva en perjuicio de cualquier persona. Además, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser sancionado por actos que no eran considerados delictivos al momento de su realización.
Este principio de irretroactividad es fundamental en el sistema jurídico mexicano, asegurando que las leyes se apliquen conforme a las disposiciones vigentes en el momento de la acción, protegiendo así a los ciudadanos de posibles abusos legales. La jurisprudencia en este ámbito es clara, obligando a los tribunales a respetar estos principios establecidos por el legislador.
A pesar de estos fundamentos legales, algunos observadores sugieren que la propuesta de retroactividad podría ser utilizada como un distractor político. La intención sería desviar la atención pública de la gravedad de la reforma, en caso de que no logre avanzar en la Cámara de Diputados. Este tipo de estrategias podrían convertir a ciertos legisladores en figuras heroicas ante la falta de aprobación del proyecto, minimizando así el debate público sobre sus implicaciones reales.
Es crucial que los ciudadanos y los legisladores mantengan un enfoque crítico frente a este tipo de reformas, que aunque pueden incluir propuestas loables, también pueden ocultar riesgos significativos para el Estado de derecho en México.
