Los recientes incendios forestales en España han dejado un saldo trágico, con la pérdida de vidas y devastación en las comunidades afectadas, especialmente en Castilla y León y Galicia. La impotencia de los vecinos al ver sus pueblos, cultivos y animales ser consumidos por las llamas ha resaltado la falta de educación y preparación ante estas emergencias.
La necesidad de una cultura de prevención
Según Eduardo Frías, bombero forestal con más de 20 años de experiencia, es crucial que la población esté informada sobre cómo actuar en caso de incendios. “Nos enfrentamos a circunstancias que no se daban el siglo pasado, como el aumento de las temperaturas y el cambio climático”, señala Frías. La realidad es que, aunque cada verano se queman decenas de miles de hectáreas, “sigue faltando una cultura de prevención”.
Las autoridades prohíben la intervención de civiles en la extinción de incendios por razones de seguridad, lo que genera frustración entre quienes desean ayudar. Frías menciona un reciente incidente en el que, al dirigirse a un incendio en Las Médulas, en León, el equipo perdió tiempo orientándose en un pueblo evacuado debido a la falta de información local.
El papel de la población y la crítica a las políticas actuales
Frías aboga por involucrar a la población en la prevención y respuesta a incendios, explicando qué acciones son seguras y efectivas. “La gente que vive en los pueblos tiene mucho que aportar”, enfatiza. Sin embargo, también critica el desmantelamiento de la red de torres de vigilancia en la región, lo que compromete la capacidad de reacción de los bomberos en las fases iniciales del incendio.
La situación se agrava por la falta de recursos y condiciones laborales precarias para los bomberos, quienes enfrentan jornadas de 14 a 16 horas a pesar de que la legislación establece un máximo de 12 horas. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del Gobierno autonómico de Castilla y León, ha sido señalado por el abandono del medio rural y la falta de inversión en prevención. En 2022, la región destinó apenas 1,41 millones de euros a la prevención y extinción de incendios, un drástico recorte del 90% respecto a los 10,27 millones de euros de 2009.
Frías concluye que es urgente un “cambio radical” en las políticas forestales y que la prevención debe centrarse en el mantenimiento de caminos, puntos de agua y la limpieza de áreas urbanas y forestales. La legislación aprobada en 2024 para mejorar las condiciones de los bomberos aún no se aplica en ninguna comunidad autónoma, y algunos gobiernos locales continúan reduciendo sus presupuestos para la prevención de incendios.