El Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha marcado un nuevo hito en su desarrollo al recibir la adhesión de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Esta colaboración fue formalizada por la consejera Loles López y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, quienes firmaron el acta de adhesión, estableciendo un canal de diálogo y análisis esencial para el sector de la ayuda a domicilio en la región.
El Observatorio, que comenzó su andadura el 3 de febrero, busca convertirse en un pilar fundamental en la atención sociosanitaria, uniendo a todos los actores relevantes, incluyendo administraciones, patronales y sindicatos como CCOO de Andalucía, UGT Servicios Públicos Andalucía, ASADE, CECUA y FAECTA.
Durante su primera sesión, se designó la mesa directiva, donde CECUA asumió la presidencia y CCOO la secretaría. El organismo estableció sus prioridades para 2026, enfocándose en la prevención de riesgos laborales, la profesionalización del sector y la resolución del déficit de profesionales, así como la mejora de la financiación.
El contexto en el que surge el observatorio es de gran importancia, dado que Andalucía enfrenta serios desafíos estructurales en la atención a la dependencia. Según el segundo informe del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Derechos Sociales, más de 44.250 personas se encuentran en lista de espera para recibir atención, mientras que más de 40.000 profesionales, en su mayoría mujeres, se encargan de atender a más de 169.000 usuarios en la región.
Este nuevo organismo tiene como objetivo abordar la urgencia de dignificar el trabajo de estos profesionales y mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral. También se planteará un marco claro de funciones para los trabajadores, lo que es crucial para evitar el déficit de personal que afecta de manera estructural al sector.
El Observatorio se presenta como una respuesta necesaria ante la crítica situación del sistema de atención a la dependencia, donde las desigualdades en el acceso a los servicios, como la ayuda a domicilio y la atención residencial, son evidentes. La necesidad de aumentar la inversión pública, que actualmente se sitúa en un 2% del Producto Interior Bruto (PIB), es fundamental para garantizar la sostenibilidad del sector y mejorar la calidad del servicio.
