La Audiencia Provincial de Málaga ha tomado una decisión crucial al frenar el desahucio de Angelina, una mujer con discapacidad, en un caso que ha llamado la atención por la complejidad de las relaciones familiares involucradas. La justicia ha confirmado que Angelina puede continuar residiendo en la vivienda de protección oficial, adaptada a sus necesidades, desestimando así el recurso de apelación presentado por su cuñada Gracia.
Historia y Contexto
La historia se remonta a 2004, cuando el Instituto Municipal de la Vivienda adjudicó una vivienda de protección oficial en régimen de alquiler social. Aunque el contrato fue firmado a nombre de Gracia, ella había declarado que en su unidad familiar incluía a su hermano Enrique y su pareja, Angelina, quien padecía una grave enfermedad oncológica y tenía una discapacidad reconocida. Esta situación justificaba la necesidad de una vivienda adaptada, respaldada por informes médicos y solicitudes previas de Gracia.
A pesar de vivir juntos durante años, la convivencia se tornó complicada en 2020, cuando Enrique y Angelina terminaron su relación. Enrique abandonó la vivienda, pero Angelina se quedó, lo que dio pie a fricciones con Gracia. Cambios de cerraduras y la falta de pago directo de la renta por parte de Angelina llevaron a Gracia a iniciar un procedimiento de desahucio por precario, argumentando que Angelina ocupaba la vivienda sin título válido.
Decisión Judicial
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de Gracia, señalando que Angelina no era una ocupante precaria, sino una integrante de la unidad familiar reconocida en el contrato original. La decisión se basó en que la discapacidad de Angelina había sido un factor determinante para la adjudicación de la vivienda, que incluía una plaza de garaje.
Gracia, insatisfecha con el fallo, decidió apelar. Argumentó que la jueza había valorado erróneamente las pruebas, insistiendo en que solo ella, como arrendataria formal, tenía derecho a la posesión del inmueble. Sin embargo, Angelina defendió la decisión inicial, enfatizando que el contrato tenía un carácter familiar y que su permanencia en la vivienda estaba justificada.
Tras meses de recursos, la Audiencia Provincial de Málaga desestimó completamente la apelación de Gracia. La resolución judicial reafirmó que Angelina no ocupa la vivienda en situación de precario, sino que lo hace en virtud de un título legítimo derivado del contrato de arrendamiento y su condición de miembro de la unidad familiar.
Finalmente, la corte no solo confirmó la sentencia anterior, sino que también condenó a Gracia al pago de las costas procesales generadas durante la apelación. El fallo consolidó la posición de Angelina como legítima ocupante, respaldada por el contrato y las razones sociales y familiares que dieron origen a la concesión de la vivienda. Este caso resalta la importancia de la protección legal para las personas con discapacidad y la complejidad de las relaciones familiares en situaciones de vivienda.
