La reciente aprobación de la Ley de Espionaje Digital en México ha generado serias preocupaciones en torno a la privacidad de los ciudadanos. Esta legislación, que busca fortalecer la inteligencia nacional, permite al Estado acceder a bases de datos privadas sin controles claros y efectivos.
Un incidente alarmante involucró a investigadores de las universidades de California y Maryland, quienes, utilizando una antena parabólica, accedieron a información sensible de empresas y dependencias gubernamentales mexicanas. Lograron interceptar señales satelitales sin encriptar, revelando órdenes de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y comunicaciones militares no protegidas. Este hallazgo pone de manifiesto la falta de protocolos de ciberseguridad a nivel federal en México.
En este contexto, asociaciones de la industria digital han denunciado que una reforma al Código Fiscal de la Federación promueve el espionaje digital y vulnera derechos humanos. Aunque el gobierno sostiene que no se permitirá la vigilancia masiva, expertos advierten sobre la ausencia de garantías efectivas para proteger la privacidad de los ciudadanos.
La Ley de Espionaje Digital, aprobada en julio de 2025, busca regular la inteligencia federal, pero su falta de controles ha suscitado críticas. Las organizaciones civiles argumentan que esta ley podría facilitar el espionaje sin supervisión, a pesar de las afirmaciones del gobierno de que no se autorizarán intervenciones ilegales.
Además, la reforma al Código Fiscal permite al SAT acceder en tiempo real a datos de plataformas digitales. Esta situación aumenta el riesgo de que información no encriptada caiga en manos de terceros, exponiendo a ciudadanos y empresas a potenciales filtraciones.
Expertos en derecho digital subrayan la necesidad de una estrategia integral de ciberseguridad en México. Esta estrategia debería incluir protocolos de cifrado, supervisión judicial y auditorías independientes para evitar que la Ley de Espionaje Digital se convierta en una herramienta de violación de derechos fundamentales bajo el pretexto de la seguridad nacional.
A medida que otros países avanzan en infraestructura digital y educación cibernética, México se encuentra rezagado. Sin políticas efectivas, el espionaje digital, tanto estatal como externo, seguirá representando una amenaza latente para todos los mexicanos.
