La presidenta de la Comisión de Industria en el Congreso de los Diputados ha subrayado la urgencia de avanzar en la tramitación de la Ley de Industria, la cual está estancada desde hace 10 meses. Para que esta ley salga del actual estancamiento, se requiere el apoyo político del ministro de Industria, Jordi Hereu.
La futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica es vista como fundamental para fortalecer la competitividad del tejido productivo en España y garantizar la autonomía estratégica del país. Durante un coloquio organizado por Diariofarma, se destacó la importancia de esta legislación, que integrará principios de sostenibilidad, innovación y resiliencia en el desarrollo económico nacional.
La presidenta de la Comisión de Industria, Inés Granollers, informó que desde febrero se han producido múltiples ampliaciones en el periodo de presentación de enmiendas, algo que depende de la Mesa del Congreso. A pesar de estos retrasos, Granollers expresó su confianza en que hay consenso parlamentario sobre la relevancia de la ley y solicitó que se considere una de las prioridades del Gobierno.
Granollers hizo un llamado a Jordi Hereu para que impulse la tramitación de la ley, señalando que su aprobación es crucial para reducir la dependencia exterior en bienes y suministros críticos. La directora general de Estrategia Industrial y de la PYME del Ministerio de Industria, Teresa Parejo, quien también participó en el debate, se comprometió a prestar atención a este asunto.
El nuevo texto de la ley busca alinear la política industrial española con los principios de la Estrategia Industrial Europea, promoviendo un modelo productivo más innovador y sostenible. Granollers enfatizó que la ley debe proporcionar a las empresas un marco de seguridad jurídica, estabilidad normativa y capacidad de planificación a largo plazo, fomentando la inversión en sectores estratégicos.
A su vez, la ley debe evitar convertirse en un mero instrumento burocrático y debe ser capaz de impulsar capacidades industriales reales. Durante el debate, Granollers subrayó que hay una oportunidad para introducir mejoras significativas a través de enmiendas que refuercen el control político y la participación territorial, así como la dimensión social del texto.
Granollers destacó que el texto debe incluir explícitamente objetivos que fortalezcan la soberanía industrial y tecnológica, promuevan la relocalización de capacidades productivas y aseguren la disponibilidad de productos esenciales, tales como medicamentos y principios activos estratégicos. “La norma debe reforzar la industria, sin menoscabar el autogobierno ni la voz de los territorios, que son los que sostienen la producción real”, puntualizó.
Desde su grupo parlamentario, Granollers identificó tres ejes prioritarios: en primer lugar, establecer un control político efectivo mediante indicadores y evaluaciones anuales; en segundo lugar, garantizar una gobernanza vinculante con la participación activa de las comunidades autónomas; y, en tercer lugar, incluir una condicionalidad social que relacione las ayudas públicas a las empresas con la creación de empleo estable e innovación.
Granollers defendió que la industria del futuro debe ser verde, territorial y con derechos laborales garantizados, reconociendo el papel tanto de los trabajadores como de las PYMES, evitando que el apoyo público se concentre únicamente en las grandes corporaciones. En conclusión, insistió en la necesidad de que la nueva legislación industrial promueva una transición justa, alineada con los principios de sostenibilidad y cohesión territorial, incorporando una visión integral hacia una industria verde y socialmente responsable.
