El reciente conflicto en Texas, donde 30 diputados demócratas abandonaron el estado, ha puesto de relieve las tensiones políticas en el país. Su objetivo fue evitar que los republicanos lograran el “quorum” necesario para votar una ley que rediseña el mapa electoral, una medida que podría asegurar cinco diputaciones federales más para el partido del presidente Donald Trump. Esta estrategia no es exclusiva de Texas, sino que se observa en otros estados como Florida, Ohio y Missouri, donde los legisladores republicanos buscan consolidar su poder de cara a las elecciones intermedias de 2026.
Los demócratas, en respuesta, están considerando tácticas similares en estados que consideran su bastión, tales como California, Nueva York y Nueva Jersey. Esta dinámica refleja no solo la polarización política en Estados Unidos, sino también una lucha por el control electoral que podría tener repercusiones significativas en el futuro del sistema democrático.
Durante años, la administración de Trump y sus aliados han sostenido que las elecciones están “trucadas” en su contra, aunque sin presentar pruebas concretas. Ahora, con el control de la Casa Blanca y una mayoría en el Congreso, los republicanos están dispuestos a aprovechar su posición. La actual configuración del sistema electoral estadounidense no es ajena a la posibilidad de fraudes, y la historia ha documentado casos de “muertos votantes”, prácticas de “acarreo” y medidas que buscan desalentar el voto de los adversarios.
Sin embargo, el gerrymandering, un proceso que se remonta a hace más de 200 años, se presenta como una estrategia legal para manipular los distritos electorales. Este proceso consiste en crear distritos donde la mayoría de la población se identifique con un partido, mientras que se dividen aquellos donde la oposición tiene una ventaja. Aunque el gerrymandering se ha utilizado también para asegurar la elección de representantes de minorías étnicas, su uso actual es visto por muchos activistas como una amenaza a la representación justa, especialmente para comunidades latinas y afroestadounidenses.
El término “gerrymandering” deriva de la combinación del nombre del antiguo gobernador de Massachusetts, Eldridge Gerry, y la palabra “salamandra”, ya que en su momento este político rediseñó un distrito de tal manera que se asemejaba a este animal. Este proceso, aunque legal, ha suscitado críticas por su naturaleza manipuladora. Según las leyes estadounidenses, los distritos electorales deben ser rediseñados cada diez años, a partir de los datos del censo, para reflejar variaciones en la población. Sin embargo, las reorganizaciones a medio periodo suelen ser vistas como intentos deliberados de favorecer a un partido específico.
La situación en Texas es un claro ejemplo de cómo se están utilizando estas tácticas para asegurar o aumentar la representación republicana. En la actualidad, los republicanos cuentan con 220 de 435 diputados en la Cámara baja del Congreso estadounidense. La estrategia de Trump es explícita: “Una redefinición muy simple. Ganamos cinco escaños”, dijo recientemente al referirse a la iniciativa de ley en Texas.
Este tipo de maniobras políticas no solo pone en tela de juicio la integridad del sistema electoral, sino que también es un reflejo de la creciente polarización en el país. Los ciudadanos están cada vez más conscientes de cómo estas decisiones afectan su representación y, en consecuencia, su voz en el proceso democrático. Mientras los partidos continúan luchando por su supremacía, queda por ver cómo estos cambios influirán en las próximas elecciones y en la dinámica política de Estados Unidos en general.
