La Xunta de Galicia ha reaccionado con sorpresa y descontento tras el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la intención de Renfe de reclamar compensaciones económicas a las comunidades de Galicia y Castilla y León debido a los cortes en el servicio ferroviario provocados por los incendios forestales ocurridos en agosto. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, calificó estas declaraciones de “ocurrencias” y lanzó una pregunta retórica: “¿Quién debería indemnizar a quién?”, recordando que algunos de los incendios se originaron, presuntamente, por chispas generadas por los trenes.
Impacto de los cortes en el servicio ferroviario
El corte de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid se extendió durante una semana, lo que ocasionó graves problemas en el transporte ferroviario. Según Renfe, las pérdidas derivadas de esta interrupción, junto con las compensaciones a los viajeros, podrían ascender a aproximadamente 3 millones de euros.
El ministro Puente explicó que la operadora ferroviaria está considerando emprender acciones legales contra las administraciones autonómicas, argumentando que no se dimensionaron adecuadamente los servicios de prevención de incendios. A pesar de que el Ministerio sostiene que Renfe no sufrió daños materiales significativos en la infraestructura, sí reconoció un perjuicio económico directo debido a la imposibilidad de prestar el servicio, además del coste de los autobuses alternativos que se habilitaron para cubrir los tramos interrumpidos.
La defensa de la Xunta y el trasfondo político
La respuesta de la Xunta no se hizo esperar. Diego Calvo recordó que durante los incendios, “lo prioritario era garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores”, lo que impidió reanudar los servicios hasta que se dieran las condiciones adecuadas. Afirmó que la evaluación del estado de las vías corresponde a ADIF, mientras que Renfe debe ofrecer alternativas de transporte, como se hizo con autobuses en los tramos afectados.
Calvo insistió en que las declaraciones de Puente son “otra de sus ocurrencias” y cuestionó la validez de una reclamación de este tipo. También mencionó que algunos de los incendios más graves podrían haber sido provocados por chispas generadas por los trenes, planteando nuevamente la pregunta: “¿quién debería indemnizar a quién?”
Más allá de los aspectos legales, esta disputa refleja un trasfondo político. La Xunta acusa al Gobierno central de utilizar este asunto para desviar la atención de las críticas sobre la gestión de los incendios en Galicia, mientras que desde el Ministerio de Transportes se insiste en que lo ocurrido evidencia la necesidad de reforzar la prevención en las comunidades afectadas.
Con información de EFE
