El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha manifestado su rechazo a la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, tras haber otorgado asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez. Este pronunciamiento se dio a conocer el 3 de noviembre, donde la SRE aclaró que el asilo se concedió en estricto cumplimiento del derecho internacional, conforme a la Convención de Caracas de 1954, de la cual ambos países son partes.
En su comunicado, el gobierno mexicano enfatizó que el asilo político es un acto legítimo y humanitario, que no debe interpretarse como un acto inamistoso o como una intervención en los asuntos internos de otro país. “México lamenta y rechaza la decisión unilateral de Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional”, se detalla en el pronunciamiento.
La SRE calificó la medida tomada por Perú como “excesiva y desproporcionada”, señalando que se basa en una interpretación errónea del derecho de asilo y que ignora los principios de protección humanitaria que fundamentan la política exterior mexicana. Además, se subrayó que la solicitud de asilo de Chávez fue analizada minuciosamente y respetando el procedimiento legal estipulado por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como el artículo 11 de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo por motivos políticos.
El gobierno mexicano también recordó que Betssy Chávez ha denunciado haber sido objeto de persecución política y de violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023. En este contexto, México actuó conforme a su tradición humanitaria y su compromiso con los derechos humanos, similar a acciones previas en otras circunstancias.
La SRE destacó que, según la Convención de Caracas, solo el Estado que otorga asilo puede determinar la naturaleza de la persecución que motiva este acto. Por lo tanto, la decisión de México debe ser respetada por otros Estados Parte. También se mencionó que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto hostil, conforme a la práctica internacional reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por esta razón, el gobierno mexicano considera la ruptura de relaciones de Perú como una reacción desproporcionada y contraria a los mecanismos de diálogo en la región.
A pesar de la creciente tensión, la SRE reafirmó que México continuará con su vocación humanista y su política de puertas abiertas hacia aquellos perseguidos por motivos políticos. “México reafirma su compromiso de proteger a quienes sufren persecución, así como su disposición al diálogo y la solución pacífica de controversias”, indicó el comunicado.
En la conclusión del documento, se resaltó que México mantiene su respeto y aprecio por el pueblo peruano, recordando los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Asimismo, se expresó la esperanza de que, en el futuro, se pueda restaurar la normalidad diplomática.
La ruptura de relaciones se produce en un contexto de fricciones políticas que han caracterizado la relación entre Lima y Ciudad de México, especialmente desde la crisis política de 2022. Durante ese periodo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó a reconocer a Dina Boluarte como presidenta legítima de Perú, considerando su gobierno como “usurpador”. En ese momento, México también otorgó asilo a la familia de Pedro Castillo, lo que marcó el inicio de un distanciamiento que se ha intensificado recientemente.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, la postura del gobierno se ha mantenido firme en defensa de sus principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. “Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Nosotros mantenemos el mismo criterio”, declaró recientemente Sheinbaum al ser cuestionada sobre la situación con Perú.
