El maltrato animal en México ha captado la atención del Congreso y diversas asambleas locales, que han comenzado a presentar propuestas para establecer registros de personas condenadas por violencia hacia los animales. Estas iniciativas buscan frenar la crueldad, prevenir la reincidencia y proteger el proceso de adopción de mascotas.
Según un comunicado de la Cámara de Diputados, la legisladora Gabriela Sodi del PRD ha propuesto agregar un capítulo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dé vida al Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales. Este registro, que estaría bajo la gestión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), incluiría información de quienes hayan sido sentenciados por maltrato animal en cualquier parte del país. La base de datos contendría detalles como el nombre, CURP, dirección, documentos oficiales, expediente y la sentencia que generó la condena. Se contempla la posibilidad de añadir información sobre la salud emocional de los involucrados si se identifica algún trastorno. No obstante, esta información no será de acceso público, ya que solo personal autorizado de la SSPC podrá consultarla.
Por otro lado, de acuerdo con un informe de El Universal, la diputada Fuensanta Guerrero Esquivel del PRI está promoviendo una variante que consiste en el Padrón Nacional de Personas Sancionadas por Violencia contra los Animales, que sería administrado por la Semarnat en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). A diferencia de la iniciativa de Sodi, esta propuesta incluye sanciones directas para aquellos que aparezcan en el registro, prohibiéndoles adquirir, cuidar, adoptar o trabajar con animales. Durante el tiempo que dure su registro, no podrán ofrecer servicios en clínicas veterinarias, criaderos, zoológicos o refugios, y tampoco podrán tener mascotas sin una autorización judicial específica.
La idea detrás de estas iniciativas es que una persona que haya demostrado conducta violenta hacia un ser vivo no pueda repetir esos actos dañinos en otro contexto, ya sea como adoptante o empleado en el sector animal.
Además, la presión para crear registros locales de maltratadores no proviene únicamente del Congreso federal. Varios congresos estatales también están buscando implementar estos registros. Por ejemplo, en el Estado de México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha propuesto un Registro Estatal de Personas Agresoras de Animales, que sería administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con la Fiscalía estatal. El objetivo es prohibir la tenencia de animales, tanto domésticos como silvestres, a quienes tengan antecedentes de maltrato y evitar que reincidan en sus acciones.
Esta iniciativa surge en un contexto alarmante, ya que México ocupa el primer lugar en América Latina y el tercer puesto a nivel mundial en maltrato animal. Entre 2017 y 2023, la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal recibió casi seis mil denuncias, la mayoría de ellas relacionadas con perros y gatos, lo que representa un promedio de tres denuncias diarias.
En la Ciudad de México, el Congreso local ha aprobado un dictamen que establece un registro operativo a cargo de la Agencia de Atención Animal. Este registro contendrá información sobre personas sancionadas por maltrato o crueldad animal tanto en el ámbito administrativo como penal, y busca proteger los procesos de adopción en refugios y albergues de la capital.
En un país donde más del 69% de los hogares mexicanos tienen al menos una mascota, lo que equivale a más de 80 millones de animales de compañía, la situación es preocupante. A pesar de estas cifras, se estima que alrededor del 70% de perros y gatos viven en la calle. La diputada Sodi destacó que las autoridades aún carecen de planes efectivos para abordar la violencia animal, lo que ha provocado un incremento en los casos de maltrato y abandono.
Las distintas propuestas legislativas coinciden en la importancia de reconocer a los animales como seres sintientes y la necesidad de contar con herramientas que permitan identificar y restringir a quienes han ejercido violencia contra ellos.
