La ministra Lenia Batres Guadarrama, conocida como la “ministra del pueblo”, ha presentado un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha detenido el pago de 63.9 millones de pesos a la familia Ayala de Torreón, Coahuila. Esta suma corresponde a la indemnización por la expropiación de 423 hectáreas realizada por el gobierno federal desde 2018.
De acuerdo con el medio Político, el fallo de Batres dejó sin efecto las sanciones impuestas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y devolvió el caso al juez de distrito. La ministra argumentó que la autoridad ya había realizado “actos tendentes al cumplimiento” y que no existía desacato, lo que permite al gobierno federal continuar utilizando las tierras expropiadas sin haber liquidado la indemnización reconocida judicialmente.
La postura de Batres ha sido criticada por priorizar la protección del presupuesto público sobre la compensación inmediata a los afectados. En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa había propuesto que la Sedatu debía cubrir la deuda en un plazo de 30 días, considerando que el último avalúo realizado por el comité técnico de evaluación había fijado la cifra en 63 millones 915 mil 901 pesos.
La historia de la familia Ayala es emblemática. El predio conocido como Las Noas pertenecía a Otilio Rodrigo Ayala Sepúlveda y posteriormente a su hijo, Otilio Enrique Ayala Rodríguez. En 2018, la Sedatu expropió las 423 hectáreas para proyectos federales, y un año después, un juez de distrito concedió un amparo que obligaba a la autoridad a continuar el procedimiento de indemnización. En 2021, el Indaabin estableció la compensación en 385 millones de pesos, pero el pago nunca se realizó, llevando la disputa hasta la Suprema Corte.
La decisión de la Corte implica la anulación de las multas contra los funcionarios de la Sedatu y el regreso del caso al juez para analizar el estado del avalúo. Esto favorece al gobierno federal al evitar un pago inmediato considerable y proteger su presupuesto. Sin embargo, la familia Ayala sigue sin recibir la indemnización tras siete años de litigio, lo que genera una prolongada incertidumbre legal sobre la compensación de sus terrenos.
Este caso resuena en el ámbito público, ya que enfrenta dos principios fundamentales: el derecho de los particulares a recibir una indemnización justa por expropiaciones y la protección de los recursos públicos frente a pagos que puedan afectar el presupuesto federal. La resolución de la SCJN puede establecer un precedente importante, ya que podría extender los retrasos en los pagos por expropiaciones a otros propietarios de tierras en México.
