El Congreso de la República ha reavivado el debate sobre el sector Cultura al presentar una moción multipartidaria contra Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, actual ministro de Cultura. Esta moción, ingresada el 2 de octubre, se basa en acusaciones de incapacidad de gestión y falta de liderazgo en temas críticos como la administración de Machu Picchu y los medios públicos.
La propuesta busca la destitución inmediata de Valencia, quien asumió el cargo en septiembre de 2024 y fue ratificado en mayo de este año. Los firmantes de la moción argumentan que su gestión ha estado marcada por decisiones perjudiciales que ponen en riesgo el patrimonio cultural del país, destacando la reciente crisis en Machu Picchu, donde se han reportado conflictos sobre la concesión de rutas y advertencias de la UNESCO sobre la posibilidad de perder su estatus como maravilla del mundo.
Entre los puntos más controversiales se encuentra la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que redujo en aproximadamente 2,400 km2 el área intangible de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa. Los legisladores critican que esta decisión se tomó sin la debida consulta a organismos internacionales ni a especialistas, dejando la zona vulnerable ante la minería ilegal.
Además, se han presentado denuncias sobre el uso irregular de recursos públicos. Valencia es acusado de favorecer a una trabajadora sin la titulación necesaria, otorgándole acceso a bienes del ministerio. También se menciona la contratación de un local para la nueva sede de TV Perú a un costo significativo, sin un concurso público adecuado.
En cuanto a Machu Picchu, los trabajadores han expresado su descontento por incumplimientos en pactos laborales y condiciones de trabajo deficientes, advirtiendo sobre la posibilidad de cerrar los accesos si no se atienden sus demandas. La crisis en la gestión de este emblemático sitio ha coincidido con advertencias sobre su inclusión en la lista de Patrimonio en Peligro.
La moción también señala otras fallas en la gestión cultural, como la falta de avances en proyectos de recuperación de sitios arqueológicos importantes, y la paralización del Museo Nacional del Perú. La designación de ciertos funcionarios ha sido vista como un acto de favoritismo político, lo que ha aumentado la presión sobre Valencia.
En conclusión, el documento presentado ante el Congreso resalta que las acciones y omisiones del ministro revelan una falta de liderazgo y compromiso en la defensa del patrimonio cultural. Por ello, se solicita la censura de Fabricio Valencia, argumentando que su gestión ha demostrado una clara incapacidad para el cargo.
