La ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado que su ministerio evaluará las opciones legales para obligar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a que respondan a la solicitud sobre el avance de los programas de cribado en cada región. Esto lo anunció en una rueda de prensa celebrada tras la sesión del Consejo Interterritorial, que no se llevó a cabo debido a la ausencia de las once comunidades del PP.
La actitud de los consejeros del PP, que se negaron a participar, ha sido interpretada por García como una oportunidad perdida para atender las necesidades de los pacientes y de la ciudadanía. “Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos”, afirmó la ministra, quien criticó la falta de respuesta a la solicitud de datos sobre cribados de cáncer de mama, colon y cérvix.
Esta petición surge tras la revelación de errores en la realización de pruebas de cáncer de mama en Andalucía. Sin embargo, las comunidades del PP argumentan que esta solicitud es parte de una “maniobra política”, alegando que el ministerio no cuenta con la infraestructura necesaria para analizar dichos datos.
García, por su parte, considera que la negativa de estas comunidades es también una estrategia política del PP, puesto que tuvieron la oportunidad de ofrecer información útil a los pacientes y han optado por obstaculizar el proceso. Criticó a los consejeros, calificándolos de “cafres” por abandonar el consenso establecido en más de 20 plenos previos.
Durante su intervención, la ministra lanzó preguntas retóricas sobre a quién protegen los consejeros: “¿A las ciudadanas que están preocupadas? ¿Al señor Bonilla? ¿A la señora Ayuso?”, sugiriendo que la Comunidad de Madrid sigue una “estrategia suicida”. A pesar de la falta de participación de los consejeros del PP, la reunión continuó con los seis consejeros que asistieron y se discutieron varios puntos que no fueron objeto de acuerdo.
