El 24 de octubre, se confirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron añadidos a la conocida Lista Clinton. Esta lista, que lleva el nombre del expresidente Bill Clinton, identifica a individuos y empresas presuntamente vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.
La inclusión de estas figuras políticas se produce en un contexto de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En respuesta a esta situación, Nicolás Petro Burgos se pronunció en su cuenta de X, señalando que no tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico y que su nombre fue agregado a la lista injustamente, debido a su parentesco con el presidente.
Esta situación se suma a los problemas legales que enfrenta Nicolás Petro, quien actualmente está bajo investigación en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La reacción del hijo del mandatario se produce en un momento delicado para el gobierno colombiano, que busca mantener relaciones estables con Estados Unidos en medio de acusaciones graves.
La inclusión en la Lista Clinton tiene serias implicaciones para las personas afectadas, ya que puede dificultar sus actividades económicas y afectar su reputación a nivel internacional. Aunque Nicolás Petro sostiene que su inclusión es injusta, las autoridades estadounidenses tienen criterios estrictos para determinar quién se suma a esta lista, lo que complica la defensa del hijo del presidente.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará en cómo el gobierno colombiano responderá a estas acusaciones y qué medidas tomará para proteger la imagen de sus funcionarios en el ámbito internacional.
