Norberto Sánchez Briones, responsable del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, ha solicitado que se le dé una oportunidad al nuevo modelo de transparencia, subrayando que la ley es la base que garantiza el acceso a la información pública. En su presentación, aseguró que este organismo se caracterizará por su imparcialidad al resolver impugnaciones, su independencia y la capacidad de sancionar a entidades que operen con opacidad.
La creación de este nuevo instituto se formalizó tras la disolución del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), que era considerado autónomo debido a que sus miembros eran seleccionados por el Congreso local. Sánchez Briones destacó que, a diferencia del pasado, las resoluciones sobre el incumplimiento de la ley dejarán de ser “subjetivas”, eliminando el debate entre tres personas en la aplicación de la normativa.
Frente a las críticas sobre la reforma que otorga estas responsabilidades al gobierno, advirtió que la certeza de la transparencia se encuentra en la ley, lo que proporciona un marco claro. Mencionó que quienes han solicitado información pública anteriormente “saben cómo funciona” y han experimentado reticencias que obstaculizan la impugnación o la sanción a quienes no cumplen con la ley.
Reiteró que este nuevo enfoque busca cambiar la situación actual y que es necesario aprovechar la oportunidad que presenta. También enfatizó que la modificación busca reducir costos y hacer más eficiente el proceso, apuntando a un sistema más claro y transparente.
El nuevo modelo se orienta a establecer un marco normativo y administrativo que no dé lugar a sospechas. En este sentido, Sánchez Briones destacó la importancia de que los servidores públicos comprendan su responsabilidad y sean capaces de explicar las decisiones que toman, ya que muchas veces han fallado en proporcionar la información necesaria al responder a solicitudes.
Una de las ventajas que se señaló es que los servidores públicos que no cumplan tendrán una responsabilidad directa, lo que permitirá la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) de cada entidad para investigar y revisar los casos.
Sánchez Briones, quien fue designado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, prometió que el nuevo instituto será un órgano desconcentrado que actuará con imparcialidad y que su objetivo será sancionar a los servidores públicos que incumplan con la normativa.
El próximo 1 de noviembre se llevará a cabo la presentación oficial de este nuevo organismo, mientras se trabaja en su adecuación y organización. Aclaró que desconoce la situación financiera del IAIP, pues es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno.
Durante un diálogo con medios de comunicación, Sánchez Briones destacó que se avanzará en el cumplimiento de las obligaciones y se impulsará la tecnología para fomentar un gobierno abierto y participativo. Aseguró que se priorizará el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
En el proceso de transición, que comenzó en octubre, se identificaron muchos bienes del IAIP, algunos de los cuales no están en condiciones adecuadas. También se está analizando la reducción de personal, que pasará de 41 a 30 plazas, con la intención de hacer más con menos recursos.
Sánchez Briones mencionó que su salario será de aproximadamente 40 mil pesos, una cifra significativamente menor a la de los excomisionados del IAIP, quienes ganaban cerca de 65 mil pesos. Esto forma parte de un plan para reducir el gasto general en un 50 por ciento.
El nuevo instituto colaborará directamente con los municipios y las dependencias estatales, verificando sus plataformas, pero no atenderá a sindicatos ni a organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para estos organismos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Taxcalteca de Elecciones (ITE) serán los encargados de garantizar la transparencia.
Finalmente, el nuevo organismo se comprometió a no convertirse en una estructura burocrática y a promover la inclusión, permitiendo que las solicitudes de información se presenten de manera oral, lo que facilitará el acceso a la información para la ciudadanía.
La Ley General de Transparencia seguirá vigente en todos los estados, y la Plataforma Nacional de Transparencia se mantendrá operativa.
