La reciente propuesta del Ejecutivo para establecer la nueva Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales ha generado un amplio debate en el país. Esta iniciativa se propone recuperar el control del Estado sobre el agua, un recurso vital y escaso que sustenta la vida de las personas y los ecosistemas.
Es innegable que sin agua no se puede avanzar en diversas actividades productivas. Sin embargo, para asegurar su disponibilidad se necesita más que una legislación robusta, independientemente de las modificaciones que se realicen. El planteamiento busca establecer garantías como el acceso a un mínimo vital de agua para cada ciudadano, la erradicación de la especulación, así como la regulación de concesiones que, a su vez, implica un combate frontal a la corrupción.
El objetivo es noble: contrarrestar los problemas que ha enfrentado el sector hídrico, tales como la privatización encubierta y la sobreexplotación de los recursos hídricos. Además, se busca hacer frente a la contaminación y a los efectos del cambio climático, factores que han colocado a México entre los países con mayor estrés hídrico a nivel global.
Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es el reconocimiento del derecho humano al agua, consagrado en la Constitución desde 2012. Este reconocimiento establece que todas las personas deben tener acceso a agua suficiente, segura y asequible para sus necesidades. Sin embargo, la realidad es preocupante: solo el 58% de la población recibe agua diariamente en sus hogares, cifra que se reduce al 39% en las zonas rurales.
La cuestión no radica en la legitimidad de la iniciativa, sino en cómo se implementará. La incertidumbre sobre el financiamiento es un punto crítico, ya que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha ido en disminución. Para el próximo año se prevé un presupuesto inferior al del año anterior, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad de llevar a cabo estas reformas.
La Red del Agua de la UNAM sugiere que se debería destinar un mínimo del 1.5% del PIB a la inversión en infraestructura hídrica. En México, gran parte del sistema de agua potable depende de los municipios, muchos de los cuales carecen de recursos y capacidad técnica para gestionar adecuadamente este recurso.
Para garantizar el acceso diario al agua, es esencial fortalecer a los organismos operadores municipales. Invertir de manera significativa en infraestructura hidráulica y saneamiento es prioritario. Además, la propuesta busca eliminar el mercado negro relacionado con las concesiones, estableciendo que la venta o cesión de estas licencias esté prohibida.
Un aspecto que ha generado controversia es la regulación sobre la captación de agua de lluvia. A pesar de que en muchas ciudades, incluida la Ciudad de México, el estrés hídrico es alarmante, la iniciativa propone que la recolección de agua pluvial requiera autorización de la Conagua, lo que podría limitar la autonomía de los ciudadanos en la gestión de este recurso natural.
Si bien la intención es proteger la salud pública y asegurar un uso sostenible del agua, hay preocupaciones sobre la posible concesión de derechos a la industria minera, que representa un alto riesgo de contaminación. La reforma hídrica necesaria en México debe equilibrar la justicia social con la viabilidad operativa, evitando caer en visiones contradictorias.
Por último, es fundamental que el Legislativo realice un análisis profundo y abierto sobre esta iniciativa, dado que el tema del agua está íntimamente relacionado con problemas sociales que afectan a la población. La falta de profesionalización en la discusión de estos temas por parte de los diputados es un reto que debe ser abordado.
