La Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza su gestión bajo la dirección de Hugo Aguilar Ortiz con controversias que han marcado su inicio. A pocas semanas de asumir la presidencia, el ministro enfrenta críticas por el tamaño de su equipo, la inclusión de asesores controversiales y un cambio en la jurisprudencia que ha sido calificado como un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad.
Un informe elaborado por Jorge García Orozco reveló que la nueva administración de la Corte cuenta con un equipo de 97 asesores, que incluye secretarios de estudio y cuenta, auxiliares y personal administrativo. Este gasto mensual supera los seis millones de pesos, cifra que ha suscitado un intenso debate sobre la justificación de tal gasto en una institución que debería representar el equilibrio del poder judicial.
Ante la controversia, la Suprema Corte emitió un comunicado en el que anunció una reducción del 40% en su plantilla a partir de octubre. Sin embargo, la presidencia subrayó que esto se considera una redistribución de tareas y no un recorte. El comunicado especificó que la nueva estructura incluirá 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo.
En este contexto, el ministro Hugo Aguilar Ortiz defendió su enfoque al afirmar que, a diferencia de sus predecesores, él no solo dirige al Pleno, sino que también participa en la elaboración de proyectos de sentencia, lo que, según él, contribuirá a una mayor eficiencia en la carga jurisdiccional.
No obstante, el tamaño del equipo no es el único foco de controversia. Entre los nuevos secretarios destacan figuras como Vidulfo Rosales, abogado que representó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y Daniel Wong Ibarra, vinculado anteriormente a la Iglesia de la Luz del Mundo. Ambas incorporaciones han encendido debates sobre la dirección que podría tomar la Corte bajo la nueva presidencia. Aguilar defendió estas designaciones argumentando que se trata de profesionales con competencias jurídicas adecuadas, a pesar de que algunos de ellos reciben salarios que superan los cien mil pesos mensuales, lo que incrementa la percepción de opacidad en un tribunal que debería ser un modelo de transparencia.
Las tensiones en la nueva administración de la Corte no se limitan a cuestiones administrativas. En las primeras resoluciones del Pleno se ha delineado un cambio en el derecho de consulta a personas con discapacidad. Se ha propuesto un nuevo criterio que elimina la obligación de revisar de oficio la falta de consulta en leyes que afectan a este sector. El exministro Javier Laynez advirtió que esta decisión es regresiva, ya que impone a las personas con discapacidad la responsabilidad de impugnar normativas que les afectan.
La ministra Lenia Batres justificó esta decisión argumentando que se busca dar un papel más activo a las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos. Sin embargo, la eliminación del criterio que obligaba a la Corte a estudiar de oficio la falta de consulta podría resultar en que no se invaliden leyes simplemente por no haberse realizado la consulta correspondiente.
El inicio de la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz ha colocado a la Suprema Corte bajo un intenso escrutinio. La expansión del equipo de asesores, la controversia en torno a los perfiles de sus miembros y el cambio en los criterios sobre la consulta a personas con discapacidad establecen un escenario de debate que marcará los próximos meses.
