La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha expresado su preocupación por la posible eliminación de paradas de autobús en ocho municipios de la provincia. Esta situación se deriva de la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, donde su partido votó en contra.
Según la denuncia de la representante, más de 28,000 ciudadanos en localidades como Carboneras, Benahadux, Tabernas, Turre, Los Gallardos, Sorbas, Chirivel y Rioja se verían afectados. Martínez Labella considera que esta supresión de servicios acentuaría el aislamiento de estas comunidades.
La diputada ha calificado la norma como una “ley trampa”, argumentando que, aunque otorga el derecho a la movilidad, el gobierno del presidente Pedro Sánchez estaría “despreciando” a los habitantes de los municipios más pequeños y de la España rural. Según sus declaraciones, la eliminación de estas paradas de autobús representaría un “hándicap” significativo para los almerienses, una problemática que podría replicarse en todo el país y que revelaría la existencia de “ciudadanos de primera y de segunda”.
Además, Martínez Labella criticó la postura del gobierno, al acusarlo de “demonizar al vehículo privado” como principal causante de la contaminación y el cambio climático, sin ofrecer alternativas viables para aquellos que tienen dificultades para desplazarse. En este sentido, aseguró que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso llevará a cabo acciones para evitar la eliminación de paradas de autobús en la provincia que pudieran verse perjudicadas por el Mapa Concesional de Transporte por Carretera.
La estrategia se centrará en apoyar a las Comunidades Autónomas, que serán responsables de la prestación de estos servicios de manera subsidiaria. Según la diputada del PP, el objetivo principal del nuevo Mapa Concesional es la reducción del servicio estatal, trasladando la responsabilidad a las comunidades, lo que representaría un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio. Sin embargo, el Estado solo proporcionaría 25 millones de euros en ayudas directas a las comunidades durante un periodo de dos años, además de 15 millones que podrían recaudar por los ingresos generados.
Finalmente, la diputada insistió en que esta “ley trampa” solo lograría asegurar la “inmovilidad de Pedro Sánchez del sillón de la Moncloa”.
