Durante la conmemoración de los 202 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su descontento ante la posible reducción del 50% en los fondos de cooperación que Estados Unidos destina a su país. En un discurso cargado de crítica, Petro se dirigió a los miembros de la Fuerza Armada en Cartagena, enfatizando que la relación de asistencia entre ambas naciones no refleja un beneficio mutuo, sino que, según él, Colombia ha sido un mero receptor de las consecuencias del narcotráfico.
“No nos están ayudando. Somos nosotros los que ayudamos. Allá no mueren, aquí sí”, declaró el presidente, aludiendo al impacto desproporcionado que tiene el narcotráfico en el territorio colombiano. Estas palabras resaltan la frustración de un país que ha sido considerado un aliado estratégico en la lucha contra las drogas, pero que, a juicio de su mandatario, ha pagado un alto precio en términos de vidas humanas y estabilidad social.
En su intervención, Petro subrayó que “la vida humana es lo que más vale, no el dólar”, sugiriendo que la ética de la cooperación internacional debería estar por encima de los intereses económicos. Afirmó que los recursos que se destinan a Colombia no han tenido el impacto esperado en la reducción de la violencia y en la mejora de las condiciones de vida, y recordó que, aunque se habla de grandes sumas, estos fondos a menudo no se traducen en beneficios tangibles para los ciudadanos.
El contexto de estas declaraciones es crucial, dado que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con 35 votos a favor y 27 en contra, aprobó recientemente un proyecto de ley que podría resultar en una disminución significativa de los fondos destinados a Colombia para el próximo año fiscal. De concretarse, el país recibiría aproximadamente USD 209 millones, la cifra más baja desde la implementación del Plan Colombia a comienzos del siglo XXI.
Este proyecto, liderado por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, establece que de los fondos asignados, USD 103 millones se destinarían a la lucha contra el narcotráfico, USD 38 millones al apoyo de las Fuerzas Armadas y USD 67 millones a programas de desarrollo y seguridad nacional. La propuesta ahora deberá ser debatida en el Senado, donde es posible que se realice una conciliación entre las distintas versiones del documento, lo que añade un nivel de incertidumbre sobre su futuro.
La reducción de los fondos no solo afecta a las iniciativas de seguridad, sino que también podría tener un impacto en proyectos que han sido financiados por Estados Unidos en zonas vulnerables. En particular, esto podría complicar la implementación de planes de sustitución de cultivos ilícitos y programas de desarrollo rural, áreas que el gobierno de Petro ha estado priorizando en su agenda.
El presidente ha insistido en que la lucha contra el narcotráfico debe ir más allá de la erradicación forzosa y la intervención militar, proponiendo en su lugar un enfoque que incluya inversión en el campo y el reconocimiento de derechos. Esta visión busca transformar la relación bilateral en uno que priorice el desarrollo humano y la justicia social, en lugar de mantener un enfoque exclusivamente punitivo.
Las palabras de Petro y la inminente reducción de los fondos de cooperación han generado un debate en Estados Unidos, donde algunos congresistas cuestionan la alineación de Colombia como socio estratégico. La situación es compleja y se desarrolla en un momento en que el gobierno colombiano intenta redefinir los términos de su relación con Washington, buscando un enfoque más equilibrado y humano.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la incertidumbre en torno a la cooperación internacional y el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos continúa creciendo. La respuesta de Petro a la Cámara de Representantes no solo refleja la preocupación por el bienestar de su país, sino también un llamado a reconsiderar cómo se entiende y se aplica la cooperación entre naciones en el contexto de desafíos globales como el narcotráfico.
