En el Congreso de Nuevo León, la tensión ha alcanzado niveles críticos en torno a la propuesta de la Reforma Electoral. Las fuerzas políticas están divididas: el bloque conformado por PRI, PAN y PRD se encuentra en un lado, mientras que Movimiento Ciudadano y Morena se posicionan en el otro.
El tema central de este conflicto es la paridad de género y el combate al nepotismo. El bloque PRI-PAN-PRD se muestra dispuesto a asegurar que las mujeres accedan a cargos que históricamente han sido ocupados por hombres, pero bajo la condición de que esta medida se implemente gradualmente, es decir, hasta 2030 en alcaldías y 2033 en la gubernatura. Esta propuesta ha sido calificada como una trampa por la diputada Berenice Martínez de Morena, quien advierte que tales plazos permitirían a los partidos decidir arbitrariamente en qué municipios postular mujeres, perpetuando así la exclusión en el ejercicio del poder.
Por el momento, ni Morena ni Movimiento Ciudadano han presentado propuestas concretas en medio de las intensas negociaciones. La líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, ha denunciado que el bloque mayoritario no ha mostrado apertura al diálogo ni ha querido enriquecer el documento de reforma. “Si no hay apertura, no habrá segunda vuelta”, sentenció.
El tiempo apremia, ya que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) está presionando para que la reforma sea aprobada antes del 30 de septiembre. Esto se debe a que la ley exige que cualquier modificación esté en vigor un año antes del inicio del proceso electoral 2026-2027. Actualmente, el bloque PRI-PAN-PRD cuenta con 22 votos, y para lograr la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma, requieren el apoyo de seis legisladores adicionales.
El costo de alcanzar esta mayoría está sobre la mesa: Movimiento Ciudadano, Morena, PT y PVEM han solicitado la inclusión de candidaturas exclusivas para mujeres en 16 alcaldías donde nunca han tenido gobernadoras, entre ellas Apodaca, San Nicolás, Juárez, Santiago y Cadereyta.
A medida que avanza la discusión sobre la paridad, el tiempo sigue corriendo, y la negociación se encuentra estancada. Las decisiones que se tomen en los próximos días determinarán si la igualdad de género en Nuevo León será una realidad o simplemente una promesa postergada.
En corto: La situación en Veracruz es alarmante. En el norte, los tiroteos continúan en los bares; en el centro, las ejecuciones se han multiplicado en municipios cercanos a Orizaba. En solo tres días, la cifra de muertos supera la decena, y septiembre ya sobrepasa las 20 víctimas en la región de las Altas Montañas. En Xalapa, los datos contrastan con el discurso del alcalde Alberto Islas Reyes, quien destaca una estrategia de seguridad local. Lo mismo ocurre en Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán y Río Blanco, donde la población vive en un entorno de violencia constante. Los operativos de seguridad llegan tarde y los responsables suelen desaparecer entre los canales y carreteras. Así que, guste o no a la gobernadora Rocío Nahle, a casi un año de su gestión, cada rincón de Veracruz enfrenta un deterioro significativo en medio de la inseguridad.
