El 15 de septiembre de 2025, surgieron serias acusaciones contra el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, y el excomandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, tras la denuncia del sargento en retiro Alexander Chala Sáenz. Este último reveló la existencia de chats de WhatsApp donde ambos discutían acuerdos para un contrato con Indumil, la Industria Militar de Colombia, sin el conocimiento del presidente Gustavo Petro.
Detalles de la denuncia y su impacto
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada Gaula de Bogotá, la cual ahora investiga el posible delito de tráfico de influencias. Este delito penal se centra en el uso indebido de la posición oficial para obtener beneficios, una acusación que podría tener graves repercusiones tanto en el ámbito político como militar del país. La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema ha asumido el caso, lo que marca un paso crucial en la investigación.
El sargento (r) Chala, a través de su cuenta oficial de X, expuso públicamente la serie de radicados presentados a la Fiscalía General y a la Corte Suprema, donde detalló los presuntos hechos. En su publicación, afirmó: “Estos chats, que me fueron enviados, vinculan a Pedro Sánchez y al general (r) Zapateiro en conversaciones sobre acuerdos y favores a espaldas del presidente Petro.”
Exigencias y postura de Chala
Dentro de su denuncia, Chala solicitó la apertura de una indagación preliminar para esclarecer la veracidad de los chats y la posible comisión de delitos. También pidió ser citado para ampliar la información y aportar pruebas, incluyendo un informe forense de los dispositivos de donde se extrajeron los mensajes.
Chala enfatizó su compromiso con el control ciudadano, asegurando que continuará vigilando cualquier irregularidad o abuso. En este sentido, declaró: “Llevaremos cualquier hecho relevante ante los distintos entes de control para que sea investigado.”
El sargento (r) Chala no dudó en afirmar que la responsabilidad de aclarar la autenticidad de los chats recae exclusivamente en el ministro Sánchez, a quien instó a responder ante la justicia. Chala se distanció de cualquier intento de vincular a las fuerzas militares con este escándalo, pidiendo que no se usen discursos patrióticos para desviar la atención de los implicados directos.
En su defensa, Chala reafirmó su trayectoria y autoridad, insistiendo en que no ha sido cuestionado en su papel de defensa del gobierno. La situación se presenta como un choque entre el sargento y el ministro, donde las implicaciones de estas conversaciones podrían resonar en las estructuras de poder del país.
La realidad es que este caso no solo pone en jaque la imagen del ministro de Defensa, sino que también podría abrir la puerta a una serie de investigaciones que sacudan el entorno político militar de Colombia, un tema que merece la atención de todos los ciudadanos.
