La contaminación sonora en la Ciudad de México se ha convertido en un problema alarmante, con 859 denuncias presentadas entre enero y agosto de 2023 ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). En la emblemática Avenida Presidente Masaryk, en Polanco, el bullicio de los restaurantes y bares no solo perturba la tranquilidad de los vecinos, sino que está superando los límites legales establecidos.
Los decibeles permitidos por la Ley Ambiental son de 60 dB, mientras que en la Ley de Establecimientos Mercantiles se permite un máximo de 75 dB. Sin embargo, la PAOT ha registrado niveles de hasta 91 dB en antros y restaurantes de la zona, lo que genera un clima de insatisfacción y desesperación entre los residentes. “Parece que tenemos el escándalo en casa”, expresó un vecino de la zona, reflejando la frustración que sienten muchos.
Colonias más afectadas y sus consecuencias
La situación no es exclusiva de Polanco; en la Colonia Roma Norte, los restaurantes operan como antros, con música a alto volumen hasta la madrugada, según reportes de residentes de la alcaldía Cuauhtémoc. La activista Mayte de las Rivas, presidenta de La voz de Polanco, señala que estos establecimientos han alterado la naturaleza tranquila de la zona, convirtiéndose en focos de ruido excesivo. “El ruido degrada la zona, ya no son solo restaurantes, son antros donde la gente no va a cenar, sino que hay alcohol, prostitución, drogas”, comentó.
Este fenómeno afecta gravemente la salud de los vecinos. Leonor Gómez Otegui, diputada local de Morena, advierte que la exposición continua a niveles de ruido superiores a 65 dB puede causar problemas cardiovasculares, estrés, trastornos del sueño y depresión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los niveles superiores a 75 dB son dañinos, y a partir de 120 dB, el sonido se vuelve doloroso.
Iniciativas para controlar el ruido
Ante la creciente problemática, la diputada Gómez Otegui impulsa la creación de una Ley de Control de Ruido para la Ciudad de México. Esta iniciativa busca unificar los límites de ruido permitidos y otorgar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la facultad de intervenir y sancionar a quienes rebasen los decibeles establecidos. “La competencia de las dependencias del gobierno no está muy clara”, explicó, subrayando la necesidad de un enfoque más efectivo.
Además, se propone reducir el nivel de tolerancia para establecimientos mercantiles de 75 a 60 dB y aplicar sanciones a los inmuebles en lugar de a los operadores de los negocios, lo cual actualmente resulta ineficaz. “Lo que sucede hoy es que cambian de razón social y ya no hay quien enfrente la sanción”, concluyó la legisladora, quien espera que esta ley sea presentada y votada durante el periodo ordinario de septiembre a diciembre de 2023.
La situación se torna crítica, y si bien algunos bares y restaurantes disminuyeron el volumen de su música tras sanciones en junio de 2023, la falta de seguimiento por parte de la PAOT y la carencia de personal para supervisar han permitido que el ruido regrese. “Es un juego del gato y el ratón”, lamentó De las Rivas, haciendo eco de la impotencia de los ciudadanos ante esta problemática que afecta su calidad de vida.
