La Asociación de Internet MX ha expresado su preocupación tras la aprobación acelerada por parte de la Cámara de Diputados del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación. Esta medida permitirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder de manera permanente y en tiempo real a las bases de datos de usuarios y empresas que operan en plataformas digitales en México, argumentando que su objetivo es prevenir la evasión fiscal.
En un comunicado, la asociación instó a los senadores a reconsiderar esta decisión, advirtiendo que podría habilitar un sistema de vigilancia masiva sobre las actividades comerciales. También se mencionó que esto podría resultar en violaciones a la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales, dado que no se requeriría una orden judicial para acceder a la información.
Un portavoz de la asociación comparó esta situación con el SAT “recorriendo las calles de Internet” y pidiendo a los ciudadanos que le permitan ingresar a sus hogares para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, todo sin el respaldo de un mandato judicial o causas justificadas. Esta comparación subraya la percepción de que se trata de un enfoque autoritario que podría poner en riesgo secretos industriales y afectar a las pequeñas y medianas empresas que dependen del internet para su supervivencia.
La asociación indicó que, aunque la intención sea restringir el acceso a información fiscal, el SAT podría obtener lo que describieron como una “llave maestra” para acceder a datos personales sensibles sin control judicial. Esto podría acarrear consecuencias severas para las plataformas digitales, ya que se podrían imponer sanciones drásticas por incumplimiento, incluso el bloqueo temporal o permanente de los servicios digitales, lo que afectaría a millones de usuarios.
Además, se destacó que esta medida podría contravenir derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en acuerdos internacionales, que protegen a los individuos de interferencias ilegales en su vida privada y garantizan la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas.
Por otro lado, la implementación de esta vigilancia también podría incrementar los riesgos de ciberseguridad, dado que al conectar en tiempo real los sistemas gubernamentales con plataformas de alta demanda en la nube, los ciberdelincuentes tendrían mayores oportunidades de interceptar la información.
Finalmente, la asociación hizo un llamado a los legisladores para que reflexionen sobre la importancia de proteger la privacidad de los ciudadanos y evitar la exposición de millones de usuarios a la intromisión del Estado o del crimen organizado en su vida digital.
