La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado este martes a la Cámara de Diputados dos propuestas importantes: la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Estas iniciativas tienen como objetivo asegurar el derecho humano al agua y erradicar el comercio ilegal relacionado con este recurso. “Es una buena manera de conmemorar el primer año de gobierno, haciendo que el agua regrese a ser un bien de la nación”, afirmó la mandataria, recordando que en 1992, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, las concesiones empezaron a ser consideradas como mercancía.
Con estas nuevas propuestas, el Estado asumirá la responsabilidad total sobre la gestión del agua, regulando las concesiones con base en la transparencia y la eficiencia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de la Ley Nacional de Aguas para garantizar el acceso al agua.
Entre los aspectos clave de la nueva Ley General de Aguas, Efraín Morales, director general de Conagua, explicó que se contemplan: la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, la definición de planes y programas para los tres niveles de gobierno y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua, especialmente en poblaciones indígenas. Además, se prohibirá la transmisión de concesiones entre particulares y se establecerá que toda prórroga será revisada por las autoridades competentes.
La reforma también busca combatir los delitos relacionados con el agua mediante la creación de un registro nacional del agua y la imposición de sanciones más estrictas para aquellos que hagan un uso indebido de este recurso. Se incluirá un capítulo específico sobre delitos relacionados con el agua, que abarca la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, así como actos de corrupción en la concesión de derechos y el desvío de cauces naturales. Las penas por estas infracciones podrán ir de uno a diez años de prisión, además de multas que oscilan entre 300 y 4,000 días.
Asimismo, se establecerá un Fondo de reserva de aguas nacionales. La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, destacó que defender el derecho humano al agua implica resistir frente al extractivismo, el despojo y los efectos del cambio climático. Resaltó que la propuesta busca crear un marco jurídico integral y equitativo, promoviendo la participación ciudadana en la planificación y gestión del agua, considerando las sugerencias recabadas en foros regionales realizados en las trece regiones hidrológicas del país durante el año.
