La propuesta de reforma al amparo presentada por Claudia Sheinbaum busca incrementar la recaudación fiscal sin la necesidad de elevar los impuestos, siguiendo la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió no realizar una reforma fiscal durante su mandato.
Durante una reciente entrevista en “Tercer Grado”, Sheinbaum manifestó que, por el momento, no considera necesario un aumento impositivo. Sin embargo, López Obrador logró aumentar la recaudación fiscal combatiendo la evasión y elusión, especialmente entre grandes contribuyentes. Al inicio de su administración, la recaudación representaba el 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que alcanzó el 14.6% el año anterior, lo que representa un incremento significativo a pesar de las condonaciones fiscales a Pemex.
Sheinbaum busca continuar con esta tendencia sin elevar impuestos, proponiendo medidas que depuren las aduanas, un área con alta evasión fiscal, y fortaleciendo la presión fiscal sobre contribuyentes no necesariamente grandes.
La reforma al amparo forma parte de una estrategia que busca fortalecer la autoridad del Estado en relación con los ciudadanos, limitando el uso de este recurso legal que protege a los ciudadanos de abusos gubernamentales. La intención clara de esta reforma es otorgar más poder al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los organismos encargados de ejecutar las medidas fiscales.
Según la iniciativa, los contribuyentes deberán agotar todos los recursos administrativos ante el SAT y otras instancias antes de poder recurrir al amparo, incluso si enfrentan embargos o deudas fiscales. Esto le otorga al Estado un poder considerable frente a los contribuyentes, quienes ya no podrán solicitar amparos para descongelar sus cuentas o evitar la cancelación de certificados fiscales.
Con estas medidas, el riesgo de que un contribuyente sufra daños irreparables aumenta, ya que las acciones del SAT o la UIF podrán ejecutarse sin control judicial previo. Además, si se determina que una norma fiscal es inconstitucional, cada contribuyente tendrá que presentar su propio amparo, lo que podría resultar en costos elevados, afectando especialmente a los pequeños y medianos contribuyentes.
La reforma se presenta en un contexto donde muchas empresas han abusado de esta herramienta legal para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, con esta nueva regulación, el poder se concentrará aún más en el Estado, que será capaz de ejercer una presión significativa sobre todos los contribuyentes, generando un escenario de mayor vulnerabilidad ante posibles abusos de poder.
Si bien la reforma podría incrementar la capacidad del gobierno para mantener y expandir programas sociales, también podría desalentar la inversión en México debido a la creciente inseguridad jurídica que podría generar.
