La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping sobre tomates frescos provenientes de México ha encendido alarmas en la comunidad agrícola y comercial de América del Norte. Este acuerdo, que había estado vigente desde 2019, establecía un marco para las exportaciones de jitomate, pero ahora se enfrenta a una cuota compensatoria del 17.09 por ciento, además de aranceles del 30 por ciento que entrarán en vigor el 1 de agosto. Esta medida, impulsada por intereses de productores de Florida, llega en un momento en que la dependencia de Estados Unidos de los tomates mexicanos es considerable; de hecho, dos de cada tres jitomates consumidos en ese país provienen de México.
La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. A través de comunicados, la administración de Claudia Sheinbaum calificó la acción estadounidense como injusta y contraria a los intereses binacionales. Las autoridades argumentan que el jitomate mexicano no compite deslealmente, sino que se destaca por su calidad y precio. Sin embargo, la situación se complica con la noticia de que, además del jitomate, Trump también ha anunciado un arancel del 30 por ciento a todas las exportaciones mexicanas, vinculando esta decisión a preocupaciones sobre el fentanilo, la migración irregular y el déficit comercial con México.
El impacto de estos aranceles podría ser devastador. En 2024, México exportó más de $49 mil millones en alimentos a Estados Unidos, un monto que incluye productos emblemáticos como jitomate, carne, cerveza y tequila. La imposición de un arancel del 30 por ciento podría erosionar la competitividad de numerosas industrias mexicanas. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por Juan Carlos Anaya, si México opta por implementar aranceles espejo sobre productos clave como maíz amarillo, carne de cerdo o trigo, el efecto sería doblemente negativo, afectando tanto a consumidores como a productores en ambos lados de la frontera.
La situación no solo refleja tensiones comerciales, sino también la necesidad urgente de México de contar con garantías jurídicas y comerciales sólidas en sus relaciones con Estados Unidos. Las autoridades han expresado la importancia de mantener una diplomacia económica que combine firmeza y estrategia. Mientras tanto, los productores mexicanos continúan con su labor diaria, sembrando y trabajando, confiando en que la integración entre ambas naciones prevalezca sobre las decisiones unilaterales.
Simultáneamente, en Salamanca, Guanajuato, se vive otra crisis, pero de diferente índole. La empresa hondureña Millfoods, que prometió inversión en la región, ha dejado un saldo de decepción debido al enorme retraso en la construcción de su planta industrial. La expectativa de empleo, sustentabilidad e innovación se ha visto sustituida por una obra inconclusa y un creciente descontento entre los trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (SITIMM) ha denunciado que la empresa ahora enfrenta una deuda superior a cinco millones de pesos, lo que pone en riesgo la estabilidad económica de muchas familias en la región.
Uno de los representantes del sindicato expresó: “No es solo una cifra. Es la comida de cientos de familias”, resaltando la gravedad de la situación. Este caso ha encendido alertas sociales y económicas, y Salamanca, que ya ha sufrido fracasos industriales en el pasado, se enfrenta nuevamente a promesas vacías.
Así, México se encuentra en una encrucijada. Por un lado, debe manejar las tensiones con Estados Unidos en un contexto de aranceles y restricciones comerciales; por otro, debe atender las crisis internas que afectan a sus trabajadores y comunidades. La estrategia del gobierno parece apuntar a mantener la “cabeza fría” y recordar a sus vecinos que la integración y el bienestar de los consumidores deben prevalecer sobre medidas que amenazan la armonía entre ambas naciones.
