La diputada Tere Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, ha presentado un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Su petición busca que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 y en los siguientes se incluyan mayores recursos destinados a las policías estatales y municipales.
La propuesta tiene como objetivo mejorar la capacitación, el equipamiento y la tecnología de los cuerpos de seguridad locales, elementos que son considerados fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad en el país. “Aunque Querétaro cuenta con buenos índices en seguridad, no estamos exentos de situaciones de riesgo. Es esencial fortalecer a nuestras policías y proporcionarles las herramientas necesarias para actuar con eficacia y cercanía a la ciudadanía”, afirmó la legisladora.
Este exhorto se presenta en un momento estratégico, ya que durante el mes de septiembre se inició el análisis del Paquete Económico Federal 2026 en la Cámara de Diputados. Esto significa que existe la posibilidad de que esta solicitud sea considerada en la distribución del gasto público federal. La diputada expresó su confianza en que la propuesta será incluida oportunamente en el debate legislativo federal.
La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y hasta el 15 de noviembre para el Presupuesto de Egresos, lo que coloca este exhorto en una ventana de oportunidad clave.
En su papel como coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Calzada Rovirosa reafirma su compromiso de trabajar en el ámbito legislativo para fortalecer la seguridad pública en beneficio de las familias queretanas. Esta iniciativa representa un esfuerzo por reconocer el trabajo de quienes diariamente protegen la integridad de la ciudadanía, buscando dotar a las fuerzas policiales locales de herramientas modernas y capacitación especializada para enfrentar los actuales desafíos de la seguridad pública.
El exhorto es una gestión legislativa que pretende tener un impacto positivo en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad estatales y municipales, incrementando su efectividad en la protección ciudadana mediante recursos federales adicionales.
