La Sala Superior del Tribunal Electoral se encuentra en desacato respecto a la reforma judicial. Durante cinco semanas, ha mantenido paralizados los juicios sancionadores, acumulando un total de 300 casos sin que estos sean asignados a las ponencias correspondientes, incumpliendo así los plazos establecidos por la ley. La nueva unidad encargada de estos asuntos aún no ha definido su forma de operación.
Según información de MILENIO, se encuentran en espera cientos de juicios vinculados a irregularidades en las elecciones judiciales y locales, particularmente en Veracruz y Durango. Estos casos incluyen actos anticipados de campaña, violencia política de género, calumnias e intervenciones ilícitas de servidores públicos, todos ellos sin una resolución definitiva.
A pesar de que el bloque mayoritario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, liderado por la magistrada presidenta Mónica Soto, defendió la reforma judicial y su aplicación, no han acatado lo que la Constitución les exige. Esta reforma ordenó la disolución de la Sala Regional Especializada, el único órgano excluido del nuevo sistema judicial, y mandó a la Sala Superior asumir sus funciones y establecer una unidad para gestionar todos los juicios sobre Procedimientos Especiales Sancionadores (PES).
Los PES son cruciales, ya que abordan violaciones a los artículos 41 y 134 de la Constitución, abarcando irregularidades en campañas electorales, financiamiento, violencia política contra mujeres y el uso indebido de recursos públicos. Una semana antes de la extinción de la Sala Especializada, se aprobó un acuerdo en sesión privada para crear la Unidad Especializada del Procedimiento Especial Sancionador (UEPES), pero solo se contó con los votos de Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se opusieron, argumentando que el funcionamiento de la UEPES es vago e impreciso y que podría afectar el debido proceso de investigación.
Con la incorporación de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz, quien presidirá el Tribunal Electoral a partir de noviembre, las preocupaciones sobre la operación de la UEPES han aumentado. Se designó a Gustavo Pale Beristain como encargado de despacho, pero sus atribuciones no están claramente definidas, lo que complica su capacidad para tomar decisiones.
El pleno ha acordado revisar el reglamento previamente aprobado para clarificar el funcionamiento de los equipos que se encargarán de los juicios sancionadores. La reforma judicial estipula que la Sala Superior debe emitir resoluciones en un plazo máximo de 72 horas, tras asignar los expedientes a una de sus siete ponencias en un lapso de 48 horas, y que el pleno debe decidir en un máximo de 24 horas. Sin embargo, hasta el 6 de octubre, el Tribunal Electoral ha acumulado 300 juicios sancionadores sin haber cumplido con el trámite básico de asignarlos a una ponencia.
En medio de esta situación, la magistrada Mónica Soto viajó a Italia para participar en el 35 aniversario de la Comisión de Venecia, dejando la acumulación de juicios sin resolver y en incumplimiento de los plazos legales establecidos por la reforma judicial.
