El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Minnesota, así como contra las ciudades de Minneapolis y St. Paul y el condado Hennepin, por las llamadas políticas de santuario. Según la demanda, estas políticas interfieren con la capacidad del gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración.
La demanda, que fue formulada el lunes, sostiene que las acciones de las autoridades locales están permitiendo la liberación de criminales peligrosos que, de otro modo, enfrentarían procesos de deportación. Se solicita a un tribunal federal que anule las leyes y regulaciones estatales y locales que, según se indica, obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró que “los funcionarios de Minnesota están poniendo en peligro la seguridad de sus propios ciudadanos al permitir que los extranjeros ilegales eludan el proceso legal”. Minnesota se une a otras jurisdicciones que han sido objeto de demandas similares, incluyendo Colorado, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey, así como varias ciudades importantes.
El Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, rechazó las afirmaciones de la demanda, argumentando que su estado no está obstruyendo la colaboración con las fuerzas del orden federal para identificar y procesar a individuos peligrosos. “Esta demanda infundada es solo más represalia política contra Minnesota y responderemos en los tribunales”, afirmó Ellison.
La demanda se basa en una opinión consultiva emitida por Ellison en febrero, que establece que ni la legislación estatal ni la federal permiten a las autoridades locales retener a personas bajo órdenes de inmigración si no están bajo custodia por otros cargos. Esta opinión ha sido citada por varios condados como justificación para no entregar a personas que podrían estar sujetas a deportación.
Además, el estado ha prohibido compartir información sobre licencias de conducir para la aplicación de leyes migratorias. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, defendió las políticas de su ciudad, señalando que “acoge con orgullo a inmigrantes, refugiados y familias que buscan oportunidades”. Frey criticó al presidente Trump por utilizar tácticas divisivas y políticas para atacar a los inmigrantes.
Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha sido uno de los gobernadores demócratas interrogados sobre las políticas de inmigración de sus estados. Walz ha desestimado la idea de que Minnesota sea un estado santuario, aclarando que no existe una ley que proteja a los inmigrantes indocumentados de la deportación. Sin embargo, Minneapolis, St. Paul y Hennepin han limitado el grado de cooperación de sus empleados con las autoridades migratorias.
El sistema penitenciario del condado Hennepin, por ejemplo, no retiene a las personas únicamente bajo órdenes de detención administrativa de inmigración y no informa a las autoridades federales de inmigración cuando se liberan a individuos sujetos a estas órdenes. Aunque no existe una definición legal de jurisdicción santuario, el término se utiliza comúnmente para describir a gobiernos con políticas que restringen la cooperación con las autoridades migratorias.
Recientemente, Minnesota fue incluido entre las 14 jurisdicciones identificadas por el Departamento de Seguridad Nacional como “jurisdicciones santuario que desafían las leyes de inmigración federal”, aunque la lista fue eliminada posteriormente tras críticas que señalaron errores en la inclusión de ciertos gobiernos locales.
