El grupo político Vox llevará al Pleno del Parlamento de Andalucía una propuesta no de ley que exige el “cierre” de los centros de menores extranjeros no acompañados, argumentando que estos crean un ambiente de inseguridad en las calles. La iniciativa, que se presentará el jueves, insta a la Junta a rechazar la “reubicación o acogida” de cualquier inmigrante que haya ingresado ilegalmente a España utilizando recursos públicos.
Demandas específicas de Vox
Entre las solicitudes, se menciona que se debe otorgar prioridad temporal al cierre de aquellos centros que generen mayor conflictividad y afecten a los vecinos. Hasta que se logre su clausura, la propuesta exige que la Junta implemente “medidas e infraestructuras necesarias” para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las comunidades cercanas.
Además, Vox demanda que la Junta asegure “transparencia” en relación con la inmigración ilegal, incluyendo información detallada desde el año 2019 sobre cuántos menores extranjeros no acompañados están bajo tutela de la administración autonómica. Se requiere también que se informe sobre los centros donde están alojados y el costo que representan para la administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad de estos menores.
Prioridad nacional en servicios y prestaciones
Otro aspecto importante de la propuesta es la solicitud de modificaciones legislativas para incorporar el principio de prioridad nacional en el acceso a servicios y prestaciones sociales en Andalucía. Vox plantea que los recursos destinados a subvenciones deben priorizar a los ciudadanos españoles.
En el ámbito de la vivienda, se sugiere ofrecer ayudas al alquiler y facilidades para acceder a Viviendas de Protección Oficial (VPO). En educación, se propone que la educación infantil (0-3 años) sea gratuita, así como ayudas para comedor escolar y transporte. En el sector laboral, se contempla la implementación de programas de inserción sociolaboral y formación profesional.
La propuesta también incluye medidas en materia de justicia, como la asistencia jurídica gratuita. Por último, Vox demanda que la Junta implemente un plan específico de apoyo económico para los municipios más afectados por la presión migratoria, de modo que puedan reforzar su seguridad y proteger su identidad cultural.
