La Amazonía noroccidental, que abarca territorios de Brasil, Colombia y Perú, se ha convertido en el epicentro de una crisis alarmante, marcada por la violencia armada y la degradación ambiental, según un informe reciente. Este estudio, titulado “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, revela que al menos 17 grupos armados operan en el 69% de los municipios de esta región. La presentación del informe tuvo lugar el 19 de agosto de 2025 en Bogotá.
Crimen organizado y sus repercusiones
El documento, desarrollado en colaboración con la Unión Europea y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que el crimen organizado se ha convertido en un acelerador de la crisis en la Amazonía, amenazando tanto la seguridad climática como la estabilidad democrática. Este fenómeno no solo se limita a un problema ambiental; se trata de una pérdida de control territorial que afecta la capacidad de los Estados para garantizar bienes públicos.
La violencia y el crimen han transformado el panorama socioeconómico de la región. Grupos criminales imponen formas de gobernanza que erosionan la autoridad estatal y amplifican las violaciones a los derechos humanos, desde extorsiones hasta desplazamientos forzados. El informe señala que el 19% del bioma amazónico es afectado por la minería ilegal, concentrándose en un 96% en Brasil, Venezuela, Guyana y Perú.
Impacto de la minería ilegal y la defensa ambiental
La minería ilegal se posiciona como uno de los motores más destructivos en la Amazonía, con graves consecuencias, como la contaminación por mercurio, que afecta a los ecosistemas y comunidades ribereñas. En Colombia, se estima que hasta el 70% del oro extraído es de origen ilegal. El informe revela que cada año se vierten hasta 30 toneladas de mercurio en ríos y lagos, poniendo en peligro la salud de las comunidades locales.
La situación es particularmente grave para los defensores del medio ambiente, quienes enfrentan un constante riesgo. En 2023, el 55.6% de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial ocurrieron en países amazónicos, con 196 casos documentados. Colombia lidera esta triste estadística con 79 asesinatos, seguida de Brasil con 25.
El informe concluye que es urgente reforzar las capacidades de los gobiernos en la región, estableciendo controles en corredores fluviales y protegiendo a las comunidades indígenas. La atención a sus propuestas y la disminución de la dependencia del aparato militar son esenciales para garantizar una gobernanza ambiental efectiva y la seguridad de quienes luchan por preservar la Amazonía.
