El 73.5% de la población infantil de 0 a 5 años que vive en condiciones de pobreza extrema por ingresos no tiene acceso a servicios de salud, según un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Este preocupante dato se extrae de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del INEGI, que también revela que el 45.7% de estos niños carece de una alimentación nutritiva y de calidad, y que el 37.1% presenta rezago educativo.
Estos porcentajes son significativamente más altos que los promedios nacionales para este grupo etario, que son del 37.7% para salud, 16.1% para alimentación y 11.5% para educación. La desigualdad de oportunidades en México comienza desde la infancia, lo que plantea un futuro sombrío para estos pequeños.
Desigualdad e inversión en educación
Roberto Vélez, director del CEEY, señala que los datos confirman un problema serio de desigualdad que no se resuelve únicamente con mejoras en los ingresos de los hogares más vulnerables. «Una cosa es cómo vas resolviendo el problema de ingreso laboral o de ingreso corriente del hogar, pero otra es si esas mejoras permiten invertir en la educación de tus hijos», dijo en entrevista.
Vélez destaca que sin garantizar esta inversión, es difícil que estos niños estén equipados para enfrentar la vida en términos de educación, salud y nutrición. Para romper el ciclo de pobreza, es vital realizar inversiones claves desde una edad temprana, ya que son más productivas a largo plazo.
El futuro incierto de los niños en pobreza
Con una alta transmisión de la pobreza y grandes brechas en términos de carencias sociales, la perspectiva de futuro para los niños en pobreza extrema es muy limitada. Vélez enfatiza la necesidad de una intervención pública focalizada para romper este círculo vicioso: «Es un problema de cobertura, infraestructura y ciudadanía», señala.
El director del CEEY propone que las transferencias educativas complementen los esfuerzos en infraestructura y calidad escolar, especialmente en las áreas más afectadas. Sin embargo, las políticas laborales, como el aumento del salario mínimo, no siempre benefician a la población más vulnerable. Si las mejoras en ingresos no se reflejan en esta población, es evidente que no pueden participar equitativamente en el mercado laboral.
Por lo tanto, es crucial pensar en fórmulas de política pública alternativas que realmente atiendan las necesidades de los más desfavorecidos y busquen cerrar las brechas de desigualdad desde la infancia.
