El panorama para los niños en México es alarmante: el 73.5% de la población de 0 a 5 años que vive en pobreza extrema carece de acceso a servicios de salud, según un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Este dato se extrae de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, el 45.7% de estos niños no cuenta con una alimentación nutritiva y de calidad, y el 37.1% presenta rezago educativo. Estas cifras son significativamente más altas que los promedios para el conjunto del grupo de edad, que son del 37.7% para salud, 16.1% para alimentación y 11.5% para educación.
Desigualdad de oportunidades desde la infancia
Los datos resaltan que la desigualdad de oportunidades en México inicia desde la infancia. El director del CEEY, Roberto Vélez, subrayó que la desigualdad no se limita al ámbito de ingresos, sino que afecta todos los factores necesarios para que una persona desarrolle su proyecto de vida. En su análisis, el CEEY también indica que un tercio de las personas nacidas en el 20% de los hogares con menos recursos no logra superar la pobreza extrema en la adultez.
Vélez enfatizó que, aunque se han hecho mejoras en el ingreso de los hogares más pobres, esto no resuelve el problema de desigualdad de oportunidades. “¿Cómo se puede asegurar que estos niños estén equipados para la vida en términos de educación, salud y nutrición si no hay inversión garantizada?”, cuestionó.
Necesidad de inversión pública focalizada
Para romper el ciclo de pobreza, es crucial realizar inversiones clave en la formación de personas desde una edad temprana, ya que estas resultan más redituables a largo plazo. Con una alta transmisión de la pobreza y grandes brechas en carencias sociales, la posibilidad de un futuro próspero para estos niños es bastante limitada.
Vélez consideró que es necesario implementar una intervención en términos de inversión pública focalizada. “Esto no solo es un problema de cobertura e infraestructura, sino de ciudadanía misma; esta población no está logrando ser funcional en términos de ejercicio de ciudadanía”, añadió.
El director del CEEY también mencionó que las transferencias educativas podrían complementar estos esfuerzos de infraestructura y mejorar la calidad de las escuelas en las zonas más vulnerables. Sin embargo, las políticas activas de mercado laboral, como el incremento del salario mínimo, no son suficientes para beneficiar a la población más vulnerable.
“Si observamos mejoras en el ingreso de los hogares relacionadas con aumentos en el salario mínimo, pero esta población no se beneficia de la misma manera, entonces sugiere que no puede participar de forma equitativa en el mercado laboral”, concluyó Vélez. Por ello, es imperativo pensar en alternativas de políticas públicas que atiendan esta problemática de fondo.
