La Amazonía noroccidental se ha convertido en un escenario crítico, donde al menos 17 grupos armados controlan territorios en Brasil, Colombia y Perú, según un informe reciente. Este bioma, que abarca áreas de seis países, enfrenta la mayor concentración de conflictos socioambientales del mundo, afectando el 69% de sus municipios. La situación se presentó en el estudio titulado “Amazônia en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, lanzado el 19 de agosto de 2025 en Bogotá.
Impacto del crimen organizado en la región
El reporte revela que el crimen organizado se ha consolidado como el principal motor de la crisis en la Amazonía, poniendo en riesgo la seguridad climática y la gobernabilidad en la región. Las estructuras criminales no solo expanden su influencia, sino que también imponen formas de gobernanza que debilitan la autoridad estatal. Esta situación se traduce en violaciones a los derechos humanos, extorsión y desplazamientos forzados.
El informe destaca que la violencia en zonas fronterizas socava la legitimidad de los gobiernos, creando un círculo vicioso que erosiona la democracia. Las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, están conectadas con actividades legales, facilitando el blanqueo de capitales a través de mercados formales. De hecho, los delitos ambientales se han convertido en la tercera economía ilícita más lucrativa del mundo, con ingresos anuales de 281 mil millones de dólares.
La minería ilegal y su devastador impacto ambiental
La minería ilegal se ha posicionado como uno de los principales factores destructivos en la Amazonía, afectando el 19% del bioma. Este problema se concentra en Brasil, Venezuela, Guyana y Perú. En Colombia, se estima que 70% del oro extraído es de origen ilegal, lo que contribuye a una crisis ambiental severa, marcada por la contaminación por mercurio, que alcanza hasta 30 toneladas vertidas anualmente en ríos y lagos.
La Amazonía no solo es rica en biodiversidad, sino que también es la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales. En 2023, el 55.6% de los asesinatos de activistas ambientales a nivel mundial ocurrieron en países amazónicos, con un total de 196 casos documentados. Colombia lidera esta sombría estadística con 79 asesinatos, seguida de Brasil con 25.
Entre 2001 y 2023, la Amazonía noroccidental ha perdido más de 14.7 millones de hectáreas de bosque, una extensión equivalente al tamaño de Honduras. A la par, el 89% del oro extraído en la región se destina a mercados internacionales, como Canadá, Suiza y Estados Unidos, lo que ilustra la conexión entre el extractivismo ilegal y la demanda global.
El informe concluye con un llamado a reforzar las capacidades de los gobiernos amazónicos, creando mecanismos de protección para las comunidades indígenas y estableciendo controles en corredores fluviales. La solución no radica únicamente en el uso de la fuerza militar, sino en desarrollar capacidades civiles y políticas que permitan garantizar una adecuada gobernanza ambiental y seguridad para quienes defienden la selva.
