La Amazonía noroccidental, que abarca territorios de Brasil, Colombia y Perú, se encuentra en una profunda crisis marcada por la presencia de al menos 17 grupos armados ilegales. Según el informe “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, presentado el 19 de agosto de 2025 en Bogotá, el 69% de los municipios de esta región están bajo el control de estas organizaciones, lo que pone en riesgo no solo la seguridad climática, sino también la gobernabilidad en estos países.
Crimen organizado y economías ilícitas
El estudio, desarrollado con el apoyo de la Unión Europea y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), revela que el crimen organizado se ha convertido en un acelerador del deterioro en la Amazonía, imponiendo sistemas de gobernanza criminal que debilitan la autoridad de los Estados. Las economías ilícitas, que incluyen el narcotráfico y la minería ilegal, operan en una conexión alarmante con actividades legales e informales, socavando la capacidad de los gobiernos de ofrecer bienes públicos y mantener el control territorial.
El informe destaca que los delitos ambientales son la tercera economía ilícita más lucrativa del mundo, con ingresos anuales estimados en 281 mil millones de dólares. En este contexto, la minería ilegal se posiciona como un motor destructivo, afectando al 19% del bioma amazónico, con un impacto devastador en Brasil, Venezuela, Guyana y Perú. Se estima que en Colombia, el 70% del oro extraído es de origen ilegal, lo que alimenta un ciclo de contaminación y violencia.
Defensores ambientales bajo amenaza
La situación es aún más crítica para los defensores del medio ambiente, quienes enfrentan un riesgo extremo. En 2023, el 55.6% de los asesinatos de defensores ambientales a nivel global ocurrieron en países de la Amazonía, con 196 casos documentados. Colombia lidera esta sombría estadística con 79 asesinatos, seguida por Brasil con 25. Esta violencia demuestra la falta de garantías para aquellos que luchan contra las mafias y las economías ilegales.
Los datos también revelan una alarmante pérdida de más de 14.7 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía noroccidental entre 2001 y 2023, un área equivalente al tamaño de Honduras. Mientras tanto, el 89% del oro extraído en la región se destina a mercados internacionales como Canadá, Suiza y Estados Unidos, mostrando cómo el extractivismo ilegal trasciende fronteras.
El informe concluye con un llamado a reforzar las capacidades de los gobiernos amazónicos, enfatizando la necesidad de establecer controles en los corredores fluviales y proteger a las comunidades indígenas. La solución no solo radica en un enfoque militar, sino en crear capacidades civiles y políticas que garanticen una verdadera gobernanza ambiental y seguridad para quienes defienden la selva.
