El Hospital de Toledo, inaugurado en 2020 y que comenzó a recibir pacientes en 2021, ha tomado una dirección inesperada en su gestión al ofrecer el alquiler de locales comerciales para servicios no clínicos. La iniciativa proviene de las sociedades Nuevo Hospital de Toledo y Operadora del Hospital de Toledo, que son las concesionarias de la obra pública. Sin embargo, esta medida ha levantado críticas y preocupaciones entre los profesionales de la salud y los sindicatos.
A pesar de ser presentado como el mayor hospital de Europa, el nuevo centro ha enfrentado graves problemas de colapso en las urgencias y largas esperas para el ingreso de pacientes, lo que ha generado un clima de insatisfacción entre los usuarios del sistema. La falta de camas ha sido uno de los puntos más críticos, y las denuncias sobre la privatización de servicios han aumentado desde la apertura del hospital. Los profesionales de la salud han señalado la reducción de espacios disponibles, así como el cierre de camas, lo que agrava la situación del servicio sanitario en la región de Castilla-La Mancha.
La situación se complica aún más debido a la opacidad en la gestión del contrato firmado en 2017, que no solo contemplaba la construcción del nuevo hospital, sino también la concesión de la gestión de servicios no clínicos a la UTE concesionaria. Comisiones Obreras ha exigido claridad sobre el alcance de esta concesión, alertando sobre un lucrativo tráfico mercantil relacionado con la explotación de servicios públicos. En este sentido, se ha revelado que dos fondos de inversión han invertido cifras millonarias para hacerse con el control de un tercio de la gestión del hospital. En noviembre de 2022, el fondo holandés DIF Capital Partners adquirió más de 76 millones de euros por un 33.33% de OHL, y poco después, Acciona vendió su participación al fondo francés Meridiam.
Desde sus inicios, el Hospital de Toledo ha operado con varios servicios privatizados, incluyendo lavandería y lencería, lo que ha provocado protestas por parte de la Asamblea en Defensa de la Sanidad de Toledo. Esta agrupación, compuesta por vecinos, profesionales de la salud y pacientes, había advertido que el hospital, situado a más de un kilómetro y medio de distancia de la ciudad, comenzaría sus operaciones con la mayoría de los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento bajo el control de una concesionaria vinculada a fondos de inversión extranjeros. Ahora, con el nuevo anuncio del alquiler de locales comerciales, sus temores parecen confirmarse.
La decisión de alquilar estos espacios comerciales ha sido recibida con desconfianza, ya que muchos consideran que refleja un enfoque más comercial que sanitario en la gestión del hospital. La falta de transparencia y la creciente privatización de los servicios han llevado a un clamor por parte de quienes defienden un sistema de salud pública robusto y accesible para todos. La preocupación por el futuro del hospital se intensifica a medida que se descubren más detalles sobre las operaciones de la concesionaria y su impacto en la atención a los pacientes.
La situación del Hospital de Toledo se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la privatización de servicios públicos en España y su repercusión en la calidad de la atención médica. Los sindicatos y organizaciones de pacientes continúan exigiendo respuestas y una revisión del modelo de gestión que permita garantizar el derecho a la salud de la población sin que la rentabilidad económica esté por encima del bienestar de los ciudadanos.
