Las ciudades españolas están tomando medidas drásticas para gestionar las consecuencias del turismo masivo, implementando multas por comportamientos que afectan la convivencia y el patrimonio cultural. En este contexto, el Ayuntamiento de Toledo ha aprobado una nueva ordenanza municipal que regula el tránsito de grupos turísticos, buscando mitigar el impacto de los 622,804 visitantes que la ciudad recibió durante 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Regulaciones en Toledo
La normativa, que se prevé recibir la aprobación definitiva en septiembre, establece restricciones en los desplazamientos de grupos para evitar colapsos en las calles del casco histórico. Una de las principales preocupaciones es asegurar el descanso nocturno de los residentes, por lo que se prohíbe el uso de megafonía en visitas guiadas después de las 23:00 horas. Además, se exige el uso de sistemas de audio individuales para grupos superiores a 30 personas, exceptuando a los escolares.
Las infracciones a esta ordenanza pueden acarrear multas de hasta 3,000 euros. El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, enfatizó que esta medida no está dirigida contra los turistas, sino que busca regular una actividad clave para la ciudad que impacta la convivencia de los toledanos.
Multas en otras ciudades españolas
Toledo no es la única ciudad que enfrenta estos desafíos. En Segovia, se han implementado sanciones de entre 750 y 3,000 euros por daños al emblemático Acueducto romano, mientras que en las Baleares, las autoridades consideran aumentar el impuesto turístico, conocido como ‘ecotasa’, de 2 a 6 euros por persona en temporada alta. También se contempla una tasa adicional para vehículos vacacionales, con tarifas que varían entre 30 y 85 euros.
El turismo también ha generado presión sobre el mercado de la vivienda en Ibiza, donde las autocaravanas se han vuelto una alternativa habitacional ante la dificultad para acceder a un alquiler. Las sanciones por estacionar sin autorización en este archipiélago pueden llegar hasta 40,000 euros.
En Málaga, las normas sobre vestimenta y el uso de patinetes serán sancionadas con multas de hasta 700 euros, mientras que en Marbella, orinar en la playa o en el mar puede resultar en sanciones de hasta 1,500 euros. Estas regulaciones buscan no solo proteger el patrimonio, sino también fomentar una convivencia más armoniosa entre turistas y residentes.
La costa de Nigrán, en Galicia, prohíbe excavar agujeros en la playa, con multas que pueden alcanzar los 200,000 euros. En Canarias y las Baleares, llevarse conchas como recuerdo puede resultar en sanciones de hasta 3,000 euros.
Con estas medidas, las ciudades españolas buscan un equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de sus habitantes, enfrentando un fenómeno que, si no se regula, puede llevar a un deterioro irreversible de su patrimonio cultural y social.
