Las ciudades españolas están tomando medidas drásticas para enfrentar las consecuencias del turismo masivo, implementando multas para actividades consideradas inapropiadas, como orinar en la calle, excavar en la arena o dañar el patrimonio histórico. Este fenómeno ha llevado a la ciudad de Toledo a convertirse en un ejemplo de regulación ante el creciente número de visitantes.
Regulación del turismo en Toledo
Durante 2024, Toledo ocupó el puesto 30 entre las ciudades más visitadas de España, con 622,804 turistas que pasaron al menos una noche en la ciudad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este flujo constante ha planteado desafíos en la convivencia entre residentes y visitantes, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Toledo a impulsar una nueva ordenanza municipal destinada a regular el tránsito de grupos turísticos.
Esta ordenanza, que se aprobó en primera instancia y está prevista para recibir la aprobación definitiva en septiembre, establece disposiciones para evitar colapsos en las calles del casco histórico y garantizar el acceso a viviendas y comercios. Entre las medidas más destacadas, se prohíbe el uso de megafonía en visitas guiadas después de las 23:00 horas y se exige el uso de sistemas de audio individuales para grupos que superen las 30 personas, salvo en el caso de grupos escolares.
Las infracciones a esta normativa pueden acarrear multas de hasta 3,000 euros. El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, enfatizó en el pleno municipal del 27 de julio que la intención no es perjudicar a nadie, sino regular una actividad que impacta la convivencia en la ciudad.
Otras ciudades españolas adoptan medidas similares
Toledo no es la única ciudad que enfrenta este dilema. En Segovia, por ejemplo, las sanciones por dañar el Acueducto romano, datado en el siglo II, van de 750 a 3,000 euros. En las Baleares, se está considerando aumentar el impuesto turístico, conocido como ‘ecotasa’, de 2 a 6 euros diarios por persona en temporada alta, además de crear una tasa adicional para vehículos vacacionales que oscilaría entre 30 y 85 euros.
La presión turística también afecta el mercado de la vivienda en lugares como Ibiza, donde la escasez de alquileres ha llevado a que algunas personas opten por vivir en autocaravanas. Las sanciones por estacionar sin autorización pueden alcanzar los 40,000 euros, y es obligatorio utilizar áreas de camping para pernoctar.
En Málaga y Marbella, se han implementado regulaciones estrictas que incluyen multas de hasta 700 euros por incumplir normas sobre vestimenta o el uso de patinetes. En Marbella, orinar en la playa o en el mar puede resultar en sanciones de hasta 1,500 euros.
Finalmente, la costa de Nigrán en Galicia ha prohibido excavar agujeros en la playa, con multas que pueden llegar a los 200,000 euros, y tanto en Canarias como en las Baleares, llevarse conchas como recuerdo puede acarrear sanciones de hasta 3,000 euros. Las multas por encender un cigarro en playas catalanas pueden alcanzar los 600 euros.
Estas medidas reflejan un cambio significativo en el modelo de turismo en España, donde la convivencia y el respeto por el patrimonio cultural se han vuelto prioritarios frente al turismo descontrolado.
