La Comunidad Valenciana ha presentado una queja formal ante el Ministerio de Sanidad debido a la limitada actividad de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), que son de propiedad estatal y gestionadas por una entidad privada. La Dirección General de Salud Mental y Adicciones ha señalado que la tardanza en la activación de estas unidades, ocho meses después de la dana, es inaceptable y que su bajo nivel de operatividad es preocupante.
Según los informes del propio ministerio, en los primeros tres meses de funcionamiento, las 12 USME han atendido a solo 262 personas, realizando 472 intervenciones, a pesar de contar con 48 profesionales, de los cuales solo 16 son psicólogos. Bartolomé Pérez, director general de Salud Mental y Adicciones, expresó su decepción diciendo: “No es razonable que unos dispositivos concebidos para responder a una emergencia se pusieran en marcha ocho meses después de la dana.”
Pérez también destacó la confusión que esto puede causar entre los ciudadanos, ya que las USME han sido presentadas como un recurso que no tiene capacidad asistencial real, lo que genera expectativas erróneas y menoscaba el trabajo de los equipos de salud mental del sistema público.
Los datos muestran que en municipios severamente afectados por la dana, como Paiporta y Utiel, la atención ha sido mínima, con solo 31 y una persona atendida respectivamente. Por el contrario, la Conselleria de Sanidad ha atendido a 6,674 pacientes en la misma región, un volumen significativamente mayor que el de las USME.
El director general enfatizó que la atención de salud mental es responsabilidad de la Conselleria y que sus equipos han demostrado profesionalismo y eficacia en su labor. “No se entiende que aún haya quienes digan que, sin las USME, la población estaría desatendida”, comentó Pérez. “Llegaron tarde y su nivel de actividad es muy bajo”.
Pérez también criticó episodios de inactividad de las USME, como su ausencia de trabajo durante la última semana de septiembre, cuando los equipos de la Conselleria atendieron a 363 pacientes en esos días. Cuestionó: “¿Podemos llamar “unidades de emergencia” a dispositivos que desaparecen ante el primer atisbo de problema?” Además, expresó su preocupación por el uso de los 225,000 euros mensuales que cuestan estas unidades.
Ante esta situación, la Dirección General ha decidido fortalecer los recursos que realmente están operando, creando 111 nuevos puestos en los equipos de salud mental de los departamentos más impactados por la dana. “Pedimos al ministerio un enfoque riguroso, coordinación y mensajes claros para no confundir a la ciudadanía”, concluyó Pérez.
