El Congreso ha dado un golpe al Gobierno al frenar el proyecto de ley que buscaba reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, marcando así la primera derrota significativa del Ejecutivo en este periodo parlamentario. La oposición, compuesta por el PP, Vox y Junts, presentó enmiendas a la totalidad, logrando que la mayoría de los diputados se alinearan contra la propuesta que había sido aprobada en mayo. Con un resultado de 178 votos a favor y 170 en contra, el Parlamento decidió devolver el proyecto al Gobierno, a pesar del respaldo manifiesto de los sindicatos.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, calificó la situación de “victoria pírrica” y aseguró que continuarán luchando para que la reducción se implemente. En un giro de sus críticas habituales, apuntó no solo a los partidos de derecha, sino también a sus socios de Junts, afirmando que “no representan a las pequeñas empresas ni al tejido catalán”. Díaz también enfatizó que esta derrota “está ganada en la calle” y que, a su juicio, el debate se ganará con el tiempo.
Impacto en el sector farmacéutico
La decisión del Congreso ha generado incertidumbre en el sector de las farmacias, que ya desde la aprobación inicial del Gobierno había expresado dudas sobre la medida. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) había comentado que la reducción horaria podría incrementar los costos laborales en un 6%, afectando la viabilidad de muchas oficinas de farmacia y complicando la contratación de técnicos. Luis de Palacio, presidente de FEFE, hizo un llamado a la negociación, sugiriendo que, a cambio de una reducción de horas, deberían implementarse medidas para manejar el absentismo y ofrecer mayor flexibilidad a los empresarios.
Es interesante notar que, aunque el Sistema Nacional de Salud (SNS) no se ve afectado directamente por esta normativa, ya que sus trabajadores tienen un marco de negociación propio, la reducción de la jornada sí impactará a las farmacias comunitarias. Según un artículo del Observatorio del Medicamento, esta nueva regulación podría representar un retroceso económico, ya que el sector farmacéutico aportó casi 600 millones de euros a la sanidad pública el año pasado.
Reacciones del sector privado
Los profesionales de la salud que operan en el ámbito privado también están preocupados por la situación, ya que consideran que la modificación de la jornada laboral a través de una ley es una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, tal como lo establece el artículo 37.1 de la Constitución. Tras el resultado de la votación, la propuesta ha quedado en suspenso, pero Yolanda Díaz ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para lograr su implementación. Asimismo, los sindicatos han comenzado a planear movilizaciones para presionar por la entrada en vigor de la reducción de jornada.
