La consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández, ha presentado su renuncia ante el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tras el surgimiento de un escándalo relacionado con el programa de cribado de cáncer de mama que afecta a aproximadamente 2,000 mujeres.
El presidente Moreno aceptó la dimisión de Hernández, subrayando la necesidad de llevar a cabo una “reforma profunda” en el sistema sanitario. Esta crisis se centra en el hecho de que hasta 2,000 mujeres en Andalucía podrían no haber sido notificadas sobre mamografías que resultaron “no concluyentes”, lo que requería pruebas adicionales o seguimientos que, en muchos casos, se retrasaron durante meses o incluso años.
Moreno defendió la gestión de Hernández, reconociendo su honestidad y dedicación. También destacó la relevancia del programa de cribado, que atiende anualmente a medio millón de mujeres y diagnostica alrededor de 2,000 casos de cáncer de mama.
Con respecto al futuro, el presidente anunció un plan de choque para abordar las incidencias antes del 30 de noviembre. Este plan contará con un presupuesto de 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales de la salud, especialmente radiólogos. Además, se establecerá un nuevo protocolo que garantiza que las pacientes con resultados dudosos sean informadas de inmediato por teléfono.
La dimisión de Hernández no se produjo sin presión ciudadana, ya que miles de personas se manifestaron en Sevilla y Granada bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”, en apoyo a sindicatos y asociaciones de pacientes. Grupos como Amama (Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama) han calificado la dimisión como insuficiente y han anunciado acciones legales por omisiones e imprudencia.
Por su parte, el Partido Popular ha intentado vincular a María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno y exconsejera de Sanidad en Andalucía, con decisiones sanitarias pasadas, acusándola de haber eliminado la obligación de informar sobre resultados dudosos durante su mandato. Montero, sin embargo, ha respondido que dejó su cargo hace trece años.
La controversia ha llegado al Congreso, donde se han solicitado comisiones de investigación. A raíz de la dimisión, Moreno ha declarado que se llevará a cabo una auditoría completa del sistema de cribado y se modificarán los protocolos donde sea necesario. A pesar de esto, expertos y sindicatos han criticado que la solución presentada no aborda la insuficiencia estructural, ya que Andalucía tiene la menor densidad de radiólogos por habitante en el país, lo que limita la capacidad de respuesta ante un alto volumen de pruebas.
La crisis de los cribados ha sido considerada un síntoma del deterioro progresivo del sistema de salud público en Andalucía. En los próximos días, la Junta deberá nombrar a un nuevo titular para la Consejería de Salud con el objetivo de restaurar la confianza, identificar responsabilidades y asegurar que errores como los denunciados no se repitan.
