El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha expresado su satisfacción tras la reunión sostenida el pasado lunes con representantes de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana. En este encuentro, se discutieron medidas destinadas a mitigar las consecuencias del impago que afecta al sector farmacéutico. Aunque el MICOF valora positivamente las acciones anunciadas, ha decidido mantener las medidas de presión previamente establecidas.
Durante la reunión, se informó a los tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana que la Generalitat solicitará préstamos por un total de 1.816 millones de euros a entidades bancarias, debido a la falta de fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este financiamiento es crucial para liquidar las deudas acumuladas, una vez que se obtenga la liquidez necesaria.
Un punto destacado en la reunión fue el compromiso de la Conselleria de Hacienda de asumir el pago del interés oficial de todas las facturas mensuales de los colegios, desde el primer día de impago hasta la liquidación completa. Este compromiso se formalizará mediante la presentación de la factura correspondiente por parte del Colegio sobre dichos intereses. Sin embargo, los representantes del MICOF han decidido mantener las acciones en curso que fueron aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 1 de julio, a la espera de una confirmación documental de este compromiso.
El futuro de estas acciones reivindicativas será evaluado una vez se reciba la confirmación necesaria. Con este propósito, se convocará próximamente una nueva asamblea en la que se tomarán decisiones basadas en la evolución de los acontecimientos. A pesar de las medidas que implementará la Administración Pública, el MICOF continuará exigiendo un trato prioritario en el pago de la prestación farmacéutica, enfatizando la importancia de las farmacias como pilares del sistema público de salud y no meros proveedores.
Además, el MICOF mantendrá su agenda de reuniones para exigir el reconocimiento legal de la prestación farmacéutica como un servicio público esencial, lo que conlleva las garantías jurídicas correspondientes. Los representantes del Colegio han reiterado su compromiso de “trabajar con firmeza, serenidad y responsabilidad” para asegurar la sostenibilidad de las oficinas de farmacia, proteger a sus colegiados y garantizar que ningún paciente vea comprometido su derecho a la medicación.
