La situación fiscal en España está en un punto crítico, con un aumento descontrolado de la deuda pública que pone en riesgo el futuro del Estado de Bienestar. Según el catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio Guerrero, el debate actual sobre el presupuesto se centra en señalar culpables, pero rara vez se analiza la sostenibilidad del sistema.
El dilema de los impuestos y el gasto público
La realidad es que aumentar impuestos no garantiza la viabilidad de las políticas sociales. Un déficit difícil de controlar revela que el Estado asume funciones de redistribución que superan sus posibilidades de financiación a largo plazo. Aumentar los impuestos puede parecer una solución, pero generalmente lleva a un incremento aún mayor del gasto público, alimentando la ilusión de que los servicios públicos son gratuitos.
Esto genera una espiral perversa que afecta el crecimiento futuro y, por ende, las políticas sociales. Como advierten los economistas, cuando el precio de un servicio tiende a cero, la demanda se vuelve infinita, y satisfacer demandas infinitas es una utopía. A pesar de las advertencias de la AIREF y diversas instituciones, el Estado ha perdido control sobre sus políticas públicas, embriagado por inercias presupuestarias y decisiones discrecionales que comprometen el gasto a largo plazo.
Las consecuencias de la falta de austeridad
La falta de políticas de austeridad, frecuentemente rechazadas por políticos que buscan perpetuarse en el poder, agrava los problemas fiscales. El Estado, sin controles efectivos, se convierte en un “agujero negro” que consume los impuestos de los ciudadanos para una distribución derrochadora de subsidios y ayudas, muchas veces innecesarias. Esta situación es fuente de preocupación, ya que gran parte del espectro político y funcionarios dilapidan los recursos públicos.
Es necesario que los gestores públicos asuman algún tipo de responsabilidad, más allá de la política, ante la mala administración de fondos públicos. La aparición de un “salvador visionario” que esté dispuesto a tomar decisiones difíciles podría marcar la diferencia. Si no se toman medidas urgentes, el Estado de Bienestar, tal como lo conocemos, podría desaparecer, afectando a los más vulnerables que se pretendía proteger.
Por ello, es urgente abogar por la austeridad y redefinir los parámetros del Estado de Bienestar si se desea que este sistema pueda subsistir. Se trata de un enfoque racional que considere las nuevas necesidades de gasto, como las derivadas de las relaciones geoestratégicas mundiales y las restricciones financieras que enfrentan los países occidentales.
Las experiencias de otros países como Francia y Alemania son ejemplos de la gravedad de la situación. Bayrou ha propuesto ajustes significativos en Francia, mientras que Merz ha sugerido un recorte de hasta 40,000 millones de euros en el gasto público alemán. Ambos casos reflejan la presión que enfrentan los gobiernos en un contexto de presupuestos limitados, similar a lo que se anticipa en España en los próximos meses.
El futuro del Estado de Bienestar en España depende de decisiones difíciles y responsables que se deben tomar ahora. De no hacerlo, la posibilidad de un colapso social se convierte en una amenaza real.
