En Michoacán, aproximadamente 130 mil personas presentan alguna condición del espectro autista, según datos del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Esta población enfrenta diversas formas de discriminación, exclusión y violencia institucional en los ámbitos educativo, médico, laboral y deportivo.
La doctora Andrea Guadalupe Ochoa, especialista en el tema, expuso estos puntos durante una presentación ante el Congreso local en la que se propuso una iniciativa de Ley del Autismo. Ochoa destacó que el Estado mexicano ha mostrado una omisión estructural frente a esta comunidad, que vive un constante proceso de exclusión. “Desde la detección tardía hasta la escasez de escuelas que los acepten o de empresas que los contraten”, afirmó la especialista.
Señaló que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, limitan la aceptación a un solo niño con autismo por grupo o incluso por plantel. Estas instituciones condicionan la matrícula a entrevistas o pruebas de comportamiento y requieren que se contrate a una “maestra sombra” particular, cuyo costo mensual varía entre 7 mil y 9 mil pesos, lo que representa una carga económica para las familias.
Ochoa también mencionó que las terapias especializadas pueden exceder los 12 mil pesos mensuales, y que un diagnóstico clínico temprano puede costar alrededor de 8 mil pesos si se realiza de manera privada. “No existen espacios públicos gratuitos para diagnóstico ni programas suficientes de detección temprana”, lamentó Ochoa, enfatizando la importancia de la intervención antes de los seis años, cuando el cerebro infantil tiene mayor plasticidad.
El único lugar especializado en la atención de personas con autismo en el estado es el Centro de Autismo del DIF estatal, el cual tiene un límite de atención de dos años y medio por paciente, tiempo que Ochoa considera insuficiente. Además, cuestionó la falta de regulación en los métodos terapéuticos, como el enfoque ABA, que puede ocasionar traumas complejos en los menores.
En relación al ámbito laboral y deportivo, Ochoa advirtió que no existen programas de inclusión ni adecuaciones. Relató el caso de un menor autista que fue rechazado en el Centro Deportivo Venustiano Carranza por “no seguir instrucciones”, a pesar de que sabía nadar.
Desde el ámbito médico, criticó que los profesionales de la salud continúen tratando el autismo como una enfermedad. “En la formación médica ni siquiera se menciona la palabra autismo”, dijo, y reportó casos de medicación innecesaria que puede poner en riesgo la salud de los niños.
Ochoa subrayó que el autismo debe ser entendido como una condición neurodiversa, parte de la variabilidad humana. Citó a los especialistas Ernesto Reaño y John Sinclair para recordar que “tener lástima por un autista es expropiarle su dignidad” y llamó a construir políticas públicas “no por ellos ni en su lugar, sino con ellos”.
Recomendó la inclusión de programas de apoyo psicológico para las familias, la capacitación obligatoria para el personal docente, médico y judicial, así como acuerdos con empresas michoacanas para fomentar la inclusión laboral. “La ignorancia es la fuente del capacitismo”, afirmó Ochoa, resaltando la necesidad de educar a la sociedad y reconocer que esos niños serán adultos. “¿Qué será de ellos si no hay espacios para estudiar ni trabajar?”, cuestionó.
Con más de 130 mil michoacanos dentro del espectro autista, la especialista concluyó su mensaje haciendo un llamado a legislar para reconocer la neurodiversidad, combatir el capacitismo y garantizar apoyos permanentes y gratuitos a las familias.
