El Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo en la lucha contra el tabaquismo al aprobar el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, con la intención de ampliar los espacios sin humo y proteger la salud de la población. Esta reforma se inscribe dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y responde tanto a la evidencia científica acumulada como a las propuestas recogidas durante la consulta pública.
Medidas para un consumo responsable
Una de las innovaciones más relevantes de esta reforma es la inclusión de una definición y regulación específica para productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos, las bolsitas de nicotina y otros dispositivos de consumo. Estos artículos, que han visto un aumento considerable en su uso entre los jóvenes, hasta ahora operaban sin un marco normativo claro a nivel nacional. La nueva ley establece que estos productos estarán sujetos a las mismas restricciones que el tabaco convencional, prohibiendo su uso en lugares públicos cerrados y en una amplia lista de espacios exteriores, incluyendo terrazas de bares y parques infantiles.
Además, la ley prohíbe de manera rotunda el consumo y la venta de estos productos a menores de edad, una medida que refuerza la protección de la infancia y la adolescencia. Por primera vez, se establece la prohibición de su consumo en este grupo poblacional, lo que representa un avance significativo en la prevención del tabaquismo entre los más jóvenes.
Prohibiciones y sanciones
Entre las nuevas prohibiciones, se encuentra la restricción de la publicidad y promoción de productos del tabaco en todos los medios de comunicación, incluyendo plataformas digitales. Esta medida busca limitar el acceso y la exposición de los jóvenes a estas marcas, alineándose con las recomendaciones de organismos internacionales sobre salud pública.
Asimismo, se implementará un régimen sancionador que contempla infracciones y sanciones económicas para quienes incumplan la normativa. Las obligaciones de etiquetado e información también se verán reforzadas, obligando a los fabricantes a incluir datos sobre el contenido de nicotina y características de los productos.
El regreso del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo es otro aspecto destacado de esta reforma, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos y evaluar políticas públicas en la lucha contra el tabaquismo. La creación de este organismo responde a la necesidad de mejorar la gobernanza y el seguimiento en esta área tras su supresión en 2014.
Finalmente, se establece un periodo transitorio de 12 meses para que los fabricantes adapten sus productos al nuevo marco legal y se permita el agotamiento de existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso.
Este avance legislativo no solo marca un hito en la salud pública de México, sino que también se alinea con los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, que busca reducir significativamente la prevalencia del tabaquismo antes del año 2040. Con medidas más estrictas y una mayor protección para los grupos vulnerables, México da un paso firme hacia un futuro más saludable.