El Ministerio de Sanidad ha iniciado un proceso de consulta pública que busca establecer un nuevo Real Decreto destinado a regular el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud para migrantes en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta medida tiene como objetivo principal eliminar las barreras administrativas que, hasta ahora, han dificultado el acceso equitativo a la atención sanitaria para las personas migrantes, generando así desigualdades en el ámbito de la salud.
La iniciativa parte de la necesidad de cumplir con lo estipulado en el Real Decreto-ley 7/2018, que otorga al Ministerio de Sanidad la facultad de implementar las disposiciones necesarias para garantizar el acceso a servicios de salud financiados con fondos públicos. A pesar de la relevancia de este marco legal, la falta de un reglamento específico ha propiciado disparidades en su aplicación en diversas comunidades autónomas, exacerbando las dificultades para que las personas extranjeras puedan acceder efectivamente a la atención sanitaria.
La consulta pública, que se llevará a cabo desde el 12 de julio hasta el 28 de julio de 2025, busca recabar la opinión de la ciudadanía y de organizaciones que podrían verse afectadas por esta nueva normativa. A través de este proceso, Sanidad espera fomentar una participación activa en la elaboración de un marco normativo claro y homogéneo, que asegure el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad.
El nuevo reglamento se fundamenta en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula el Procedimiento Administrativo Común, y se relaciona con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, que establece normas para el funcionamiento del Gobierno. El objetivo es simplificar y unificar los criterios para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria en todo el país, reduciendo así los márgenes de discrecionalidad que han permitido que persistan las barreras administrativas.
Este esfuerzo por parte del Ministerio de Sanidad se enmarca en una creciente preocupación por la equidad en el acceso a servicios de salud, principalmente para aquellos grupos que enfrentan situaciones vulnerables. El impacto de las barreras administrativas en la salud de la población migrante es un tema de debate constante, y se busca que la futura norma permita un acceso más justo y efectivo al SNS.
Con la implementación de este decreto, se espera un avance significativo en la eliminación de obstáculos que, históricamente, han marginado a las personas migrantes en el ámbito de la salud. La disposición de Sanidad de abrir este proceso de consulta es un paso que podría transformar la experiencia de atención sanitaria para estos individuos, asegurando que todos tengan derecho a recibir atención médica sin discriminación.
La participación ciudadana en este proceso es fundamental, ya que las opiniones y sugerencias de quienes podrían verse impactados permitirán que el nuevo reglamento no solo sea efectivo, sino que también refleje las necesidades reales de la población migrante. Así, el Ministerio de Sanidad da un paso hacia la construcción de un sistema más inclusivo y equitativo, en el que todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, puedan disfrutar del derecho a la salud.
