El Ministerio de Sanidad de España ha iniciado un proceso de consulta pública en torno a un proyecto de Real Decreto que busca establecer un marco normativo para el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria financiada con fondos públicos. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), con un enfoque particular en la eliminación de las barreras administrativas que afectan a las personas migrantes, quienes a menudo enfrentan desigualdades en el ámbito de la salud.
Según la información proporcionada por el ministerio, la propuesta de reglamento se enmarca en lo dispuesto por el Real Decreto-ley 7/2018, que otorga al Ministerio de Sanidad la facultad de establecer las disposiciones necesarias para reconocer el derecho a la atención sanitaria. Este proceso de consulta es crucial, ya que hasta ahora no se había aprobado una norma reglamentaria que uniformara su aplicación, lo que ha resultado en disparidades entre comunidades autónomas y ha perpetuado obstáculos administrativos que complican el acceso efectivo al sistema de salud, especialmente para el colectivo de personas extranjeras.
Con la apertura de esta consulta pública, el Ministerio de Sanidad da un paso significativo hacia la creación de un marco normativo claro y homogéneo que garantice el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad. Este proceso está respaldado por el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, que regula el funcionamiento del Gobierno. La consulta tiene como finalidad recoger opiniones de la ciudadanía y de las organizaciones que podrían verse afectadas, promoviendo su participación activa en esta fase preliminar de elaboración normativa.
La futura normativa no solo se propone homogeneizar los criterios de reconocimiento del derecho a la atención sanitaria en todo el territorio español, sino que también busca reducir la discrecionalidad en su aplicación. Esto es especialmente relevante para las personas migrantes que, debido a su situación administrativa, enfrentan dificultades adicionales para acceder al SNS. Las personas interesadas en participar en este proceso podrán enviar sus observaciones desde el 12 de julio hasta el 28 de julio de 2025.
Esta reforma se presenta en un momento crítico, dado el creciente número de personas migrantes que llegan a España en busca de mejores condiciones de vida y acceso a servicios esenciales. El acceso a la atención sanitaria debería ser un derecho garantizado para todos, independientemente de su estatus migratorio. La propuesta del Ministerio de Sanidad se alinea con este principio, buscando asegurar que todas las personas, sin excepción, puedan recibir la atención médica que necesitan.
A medida que avanza este proceso, se espera que la participación ciudadana contribuya a la formulación de un reglamento que no solo cumpla con los estándares legales, sino que también refleje las realidades y necesidades de las diversas comunidades que conforman la sociedad española. La implementación de un sistema de salud inclusivo y equitativo es un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
