La Cámara de Diputados ha aprobado de manera unánime la nueva Ley General para Investigar y Sancionar el delito de extorsión, una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta legislación, que se caracteriza por su retroactividad, establece que el delito se perseguirá de oficio, lo que implica que, conforme a la Constitución, los acusados podrán enfrentar prisión preventiva.
Con un total de 456 votos a favor, el pleno legislativo ha definido la extorsión como la acción de obligar a una persona, sin derecho, a dar, hacer o tolerar algo, generando un beneficio o causando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Las sanciones establecidas van de 6 a 15 años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre 100 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Hasta la fecha, se han reportado aproximadamente 900 casos de extorsión en el país en lo que va del año. Sin embargo, la nueva ley asegura que la investigación de estos delitos se abordará de manera proactiva. Durante un debate que se extendió por más de tres horas, legisladores del PRI advirtieron que esta reforma podría resultar en la liberación de al menos 500 presos condenados por extorsión.
En la exposición de motivos, se menciona que la extorsión es un delito que afecta múltiples ámbitos, más allá de los daños patrimoniales, y que vulnera la paz y la seguridad de la sociedad. La legislación busca enfrentar el crimen organizado, ya que este delito se ha convertido en un método común para obtener ingresos ilícitos, afectando a empresas y al desarrollo económico y social.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, destacó que esta ley pone en el centro a las víctimas en lugar de a los delincuentes. “A partir de ahora, la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar”, manifestó. Reconoció que muchas víctimas no informan a las autoridades por miedo o desconfianza, y con la nueva normativa, se espera que el Estado asuma un papel más activo en la persecución de este delito.
Moreno también indicó que la extorsión ha evolucionado y se comete a través de diversos métodos, incluyendo llamadas telefónicas, redes sociales y mensajes de texto, así como desde las propias cárceles. La ley proporciona las herramientas necesarias para abordar de manera efectiva este delito grave.
La nueva legislación establece un marco normativo claro que armoniza las definiciones y sanciones en todos los estados del país, evitando así contradicciones que favorecían a los delincuentes. La propuesta de pena se alinea con el principio de proporcionalidad, buscando una respuesta justa según el daño causado.
Después de la votación general, se presentaron reservas a diversos artículos, aunque se anticipa que solo se aprobará la del legislador morenista Hugo Erick Flores Cervantes.
